El asesinato del juzgador Hilario Nieto Contreras reactivó su preocupación
Estudian consejeros de la Judicatura cómo garantizar seguridad a jueces
Algunos se inclinan por aplicar "medidas obligatorias" para todos los magistrados
El asesinato del juez federal Hilario Nieto Contreras, el pasado jueves, reactivó la preocupación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por garantizar plena seguridad a los juzgadores en materia penal y funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF). Esto llega al punto de que los consejeros analizan la creación de una norma interna que obligue a los impartidores de justicia a no rechazar "medidas de seguridad extrema" que implicarían 24 horas de vigilancia policiaca, revelaron fuentes judiciales de primer nivel.
Entre las medidas que estudiarán los siete consejeros de la CJF destaca la posibilidad de apoyar la iniciativa de ley presentada en el sexenio anterior al Congreso de la Unión, respecto de la creación de "jueces especializados en delincuencia organizada".
También se prevé dotar de autos blindados y escoltas experimentados a cada uno de los jueces y magistrados en materia penal que tienen sede en diversas entidades del país.
Estas figuras de seguridad las adoptó en su momento el gobierno de Colombia, en los 80, durante la época del capo del narcotráfico Pablo Escobar, quien se caracterizó por ordenar la ejecución de juzgadores.
Las fuentes consultadas precisaron que tras la ejecución en Sinaloa, en noviembre de 2001, de los magistrados federales Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, algunos funcionarios del PJF se inclinaron por el surgimiento de jueces especializados en delincuencia organizada, propuesta que, sin embargo, fue rechazada por diversos juristas.
La principal objeción a esa sugerencia derivó del supuesto de que si se creaba dicha especialidad habría posibilidades de "mantener identificados" a los "juzgadores especializados", quienes correrían el riesgo de ser sujetos de corrupción por los grupos delictivos o motivo de presiones insoportables que "pocos funcionarios aceptarían con honestidad".
Sin embargo, a partir del asesinato en el estado de México, el pasado jueves, del juez federal Hilario Nieto Contreras, las fuentes consultadas indicaron que al menos dos consejeros se inclinan por aplicar "medidas de seguridad obligatorias" para todos los jueces de distrito y magistrados de circuito que tengan en litigio asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
Si el pleno del CJF determina como obligatorias medidas de seguridad tales como el blindaje de autos, vigilancia para ellos las 24 horas, con escoltas experimentados, así como el uso de chofer, se podrían evitar casos como el del juez Nieto Contreras, quien rechazó reforzar su vehículo y el día del crimen conducía él mismo su automóvil, indicaron las fuentes consultadas.
En noviembre de 2001, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, se pronunció públicamente por la creación de jueces especiales para combatir el crimen organizado, y solicitó al Congreso de la Unión atender una reforma presentada en el sexenio de Ernesto Zedillo que autorizaría la existencia de esta figura jurídica, la cual garantizaría la integridad física de magistrados y sus familiares.
A su vez, la consejera Elvia Díaz de León dijo en entrevista, el pasado 6 de marzo en Michoacán, que las amenazas contra jueces y magistrados encargados de resolver casos de delincuencia organizada se concentran en los estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y de México, y han ido en aumento.
Ese día, seis meses antes de la ejecución del juez Hilario Nieto Contreras -quien tenía dos meses de haber sido nombrado juez de distrito-, la funcionaria judicial explicó que tanto el CJF como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya habían adoptado diversas medidas para garantizar la seguridad de los impartidores de justicia.
Respecto de si resultaría adecuado el utilizar la figura de "jueces sin rostro" para evitar las agresiones y amenazas contra jueces y magistrados, la consejera rechazó esa posibilidad al destacar que ni los "jueces sin rostro" o los jueces especializados en delincuencia organizada son la solución.
Sin embargo, la consejera apuntó que la posibilidad de crear la figura está por discutirse en el Congreso.