La certificación de las tierras de ejidos y comunidades empujada con no mucha sutileza por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), y su variante comunal (Procecom), es una privatización, así lo encubran, minimizando sus impactos, diversos voceros de la Procuraduría Agraria mientras avanzan en todo el esquema programado a partir de volver mercancía, es decir, una cosa, todas las tierras mancomunadas cuyo signo es encarnar relaciones sociales profundas. Lo dijo el Procurador Agrario Isaías Rivera:
 

Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la Ley Agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles.^*

El fondo de estos instrumentos de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, ocurrida en 1992, es desmantelar los territorios y la comunalidad de los pueblos indígenas, la razón social de organización compartida de los ejidos. Es desactivar las estrategias comunitarias encarnadas en la fuerza de las asambleas, para que cada flamante "propietario" se halle solo ante la ley. Donde la comunidad se reivindica mediante asambleas fuertes que defienden integralmente sus territorios, es difícil lograr este desmantelamiento programado.

No basta entonces con hacer llamados a la naturaleza voluntaria del mentado programa. Lo que hace falta es desnudar el significado que dicha certificación y su naturaleza privatizadora tienen en un escenario cada vez más nítido de ataque generalizado contra los campesinos y sus formas de vida en la siembra y en su cuidado de territorios que durante milenios han custodiado.

La abigarrada realidad del continente nos brinda muchos ejemplos extremos de lo que se avecina. Uno de ellos ocurre en Paraguay sin que la opinión pública se percate de que las transnacionales brasileñas y japonesas, y el corrupto gobierno paraguayo, lograron su sueño más acariciado: extensas plantaciones de soya transgénica, defendidas por guardias armados, acicaladas con raciones enormes de agrotóxicos donde no existen agricultores mientras muchos campesinos carecen de tierra para sembrar. Son verdaderos "mares verdes" de soya que disminuyen aceleradamente la superficie boscosa, devastan las reservas de agua del subsuelo, desvían cauces y rompen con el equilibrio que tenían las siembras tradicionales más diversificadas de los campesinos indígenas. Allá, como aquí en México, se invaden territorios y se expulsa a la población indígena que ya no puede siquiera cazar o pescar porque todo el entorno está contaminado. Como muchas de esas tierras ni siquiera son propiedad de las empresas (sino que se rentaron a los auténticos dueños) cuando dichos terrenos se agotan, contaminan o deslavan las empresas se mueven a otra parte. Lo peor, y también se ve en nuestro país, la franja de legalidad de las acciones de resistencia se ve muy disminuida por la criminalización de muchas acciones que antes contaban con un paraguas que nuevas leyes privatizadoras o represoras niegan tajantemente.

En México, no se entiende plenamente el Procede/Procecom --que permite que la tierra entre al mercado, en renta, compra-venta o en asociación con las grandes corporaciones-- sin ponerlo a jugar con la batería de leyes contrarias a los pueblos que todos los partidos han aprobado en los últimos dos años, las cuales ilegalizan las acciones de pueblos y comunidades cerrando con candados jurídicos cualquier defensa posible desde mucho antes del cambio de gobierno.

Son leyes, reformas y programas que refuerzan el peso de las transnacionales en nuestro país, desde el nivel más local, y les garantizan acceso privado mediante patentes a sus recursos biológicos (plantas, animales, semillas, microrganismos e incluso genes humanos), más los saberes tradicionales que implican. Les otorgan la posibilidad de plantar y cultivar transgénicos y experimentar con ellos; privatizar cuencas, lagos, ríos, pozos y el servicio y el manejo del agua; santificar el asistencialismo hacia los pueblos indígenas; realizar consultas post facto mediante encuestas de opción múltiple a muestras mínimas de la población sin tomar en cuenta las formas de asociación de las comunidades (lo que creen que les permite imponer cualquier megaproyecto, concesión minera, reforma o programa sin que nadie les diga nada).

Los territorios son golpeados muy fuertemente con las nuevas leyes que separan el agua de la tierra (y ahora cobran servicios de agua y predial en los terrenos individualizados por el Procede). El ataque a los territorios se expresa también mediante programas de servicios ambientales (sean de captura de carbono o hidrológicos) santificados por la nueva ley forestal, con los que le "pagan" a las comunidades por el cuidado que siempre tuvieron en un arreglo sujeto a especulaciones financieras en la bolsa de valores, lo que impulsa la acción de empresas de nueva tecnología relacionadas con bio-nano-tecnología, información y recursos genéticos, cuyo fin es el saqueo. Por último, y para esto sirve también la privatización de la tierra común, se emprenden reordenamientos territoriales y reservas de la biosfera, que enajenan el manejo ancestral de los territorios indígenas.

Con estos antecedentes, es mucho más fácil entender que la privatización de la tierra, el restarle sentido y fuerza a la idea del territorio convirtiéndolo en la mercancía "tierra", es el pavimento de "una autopista de progreso" con la que quieren liquidar todas las formas alternas de gestionar el futuro --al igual que una carretera cancela la utilización de las innumerables veredas donde la gente se movió durante siglos. El proyecto del capitalismo requiere minar la soberanía real de pueblos y comunidades campesinas e indígenas, desarticular el tramado de relaciones que los pueblos conocen como territorio.

Ante este escenario, el Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, celebrado entre el 14 y el 16 de julio en la comunidad autónoma de Zirahuén, Michoacán, se pronunció tajante contra los programas Procede/Procecom y remachó que "obedecen a la profundización de la política neoliberal para el campo, pretendiendo la privatización de la propiedad social indígena y campesina, así como la destrucción del tejido comunitario". Para ello, "el gobierno mexicano ha incurrido en actos ilegales, engaños, presiones, amenazas, represión e incluso asesinatos, además de condicionar obras, servicios y otros programas gubernamentales".

En un país que se debate en múltiples síntomas de hartazgo final, cuando la resistencia civil pacífica o airada comienza a calar hondo en más y más regiones, la ceguera de la derecha sigue sin entender que su "autopista al progreso" --en realidad una devastación sin precedentes-- es uno de los agravios más profundos con que agreden a la población.

Más allá de las consignas del momento, de las acciones urgentes que la gravedad del momento requiera, o del desbarrancamiento que pueda provocar la insensata represión, es vital que los colectivos continúen la autogestión de larguísimo plazo que caminan desde por lo menos 2001, fortalezcan o abran espacios de reflexión que nos brinden panorama, se reconstituyan como sujetos en su propia historia y refuercen integralmente su autonomía territorial, su comunidad y su autogobierno, pues serán un pilar vital para cualquier futuro de justicia.