Tres años de las Juntas de Buen Gobierno de los municipios autónomos y rebeldes de Chiapas, tres meses del movimiento magisterial y popular de todo Oaxaca. Allí donde se enseña que gobernar es deber de todos, privilegio de ninguno.

Y mientras prosigue el jaloneo por el poder presidencial, en muchas partes de la nación mexicana uno se pregunta ¿quién gobierna aquí? Pero en aquellas dos experiencias, muy actuales, queda claro que cuando el pueblo, la gente, se hace cargo de lo importante, sabe hacerlo. Y hay más: pregunten a las resistencias contra la hidroeléctrica en La Parota, el "aeropuerto del siglo XXI" para la casta quesque divina en la Mérida del patrón Laviada (derrotado ya en Hunucmá), y el corredor eólico del Istmo.

De Tijuana a Cancún, y de Matamoros a Tapachula, cruza México la gran equis de la expropiación extranjera (habitualmente estadunidense), el narcotráfico (habitualmente quién sabe de quién chingados), el hurto legal (ja) o ilegal a los pueblos originarios y los núcleos agrarios de sus tierras y bienes naturales y culturales (tipo la Guelaguetza de los hoteleros). La pauperización del empleo en ciudades, suburbios y centros turísticos se reduce a servidumbre ("servicios" se llama a veces), y en ocasiones mera esclavitud. Eso y no otra cosa promete el "presidente del empleo y de ¡más guarderías!".

En Cancún, el Valle de Tehuacán, Ciudad Juárez, Apatzingán, Texcoco, el poder es de otro, y hace con la gente lo que sea. La ley no importa. La vida no importa. Los recursos naturales tampoco. Ni el futuro, ni la verdad, ni la justicia. Sólo una cosa: el dinero.

Los partidos políticos que se disputan y reparten de fijo el botín de la política y eso que ellos llaman gobierno está en lo mismo: mover lana en campañas, levantar obra pública con contratistas privados (y de preferencia socios), enchufar los más negocios posibles, empezando por la banca, al mainstream global del neoliberalismo, que obedece a otras reglas y otros propósitos de los que tenemos los mexicanos.

La delincuencia familiar-institucional generalizada va de Celaya y Atlacomulco a Oaxaca, Guadalajara, Puebla y Chilpancingo. Una ominosa perpetuación de los mismos o peores del "cambio" en Tuxtla Gutiérrez y los Pinos. Una sistemática y programada entrega del territorio nacional en las costas de Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Baja California Sur, Sonora y Veracruz a propietarios extranjeros.

Además, la economía mexicana debe su sobrevivencia a los dólares que envían los millones de mexicanos en Norteamérica, a donde fueron a llevar su servidumbre.

Los territorios ocupados militarmente en la Selva Lacandona, la sierra Sur de Oaxaca, la Huasteca o la Sierra Madre veracruzana no aportan datos que permitan hablar de democracia. Mucho menos los comicios, que cómicos serían de no resultar tan sucios y costosos.

La ley indígena nos fue negada, pero el gobierno de Fox (vía la socialité de huipil Xóchitl Gálvez) dilapida históricas millonadas en aspirinas sociales para dominar económicamente a los pueblos, despojarlos a discreción y enviarlos a la migración en cualquiera de sus modalidades. Pero son los pueblos indios en los Altos de Chiapas, la Lacandona, la montaña chol; las sierras mixe, huichola, totonaca, zapoteca o popoluca; las mesetas tarasca y maya; la costa seri y huave, y los bosques de Chihuahua y Petatlán quienes establecen o restablecen sus formas de gobierno, decisión social, aprovechamiento de lo que la tierra da, creación estética. Y en todos los casos, pues tenemos un país ilegalizado, las luchas indias necesitan darse en la resistencia.

Las calles de Oaxaca y el Distrito Federal también revelan un México de gente que todavía quiere que sigamos siendo nación y que seamos libres, no miserables ni engañados, donde gobernar signifique gobernarnos.