Radio y televisión han dejado de responder a su responsabilidad social, sostienen
La toma de medios refleja la crisis del derecho a la información: catedráticos
Afirmaron que la ley Televisa reforzó el ya de por sí discrecional y hermético modelo mediático
Ampliar la imagen La sede de la representación de Oaxaca en la ciudad de México fue tomada por miembros de la APPO para exigir la renuncia de Ulises Ruiz Foto: Alfredo Domínguez
Investigadores y especialistas señalaron que la toma de 12 radiodifusoras en la capital oaxaqueña por miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) es un hecho "desafortunado y lamentable, pero resultado de un modelo mediático en crisis que violenta el derecho a la información de un sector mayoritario de la población".
Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que la principal responsabilidad por estos actos "compete tanto al gobierno estatal como al federal, ya que la confrontación entre los distintos actores sociales en la entidad es resultado de la indiferencia de las autoridades para establecer canales de diálogo y negociación".
Destacó que lo que se vive en Oaxaca con la toma de las radiodifusoras "es la cerrazón de un modelo mediático que ha querido evitar por todas las vías que exista una pluralidad de voces en los medios de comunicación".
Tras los hechos de violencia en los que integrantes de la APPO que custodiaban las antenas y el transmisor de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el cerro del Fortín, fueron atacados por un grupo de presuntos policías vestidos de civil, lo que desencadeno la toma de las emisoras comerciales, señaló que si bien se trata de un hecho que daña los derechos de terceras personas, "no podemos soslayar que se viven momentos de polarización y hartazgo social que llegó más allá de la tolerancia de los grupos sociales que han visto marginado su derecho a la libertad de expresión".
La especialista aseguró que la ausencia de una política de Estado en materia de medios de comunicación y de una legislación que garantice la pluralidad que permita encausar el debate social "generará sólo más confrontación e inequidad como lo vemos con la ley Televisa, sin que el Estado asuma su responsabilidad en este conflicto".
En Oaxaca, reiteró, se percibe una evidente falta de "quehacer político y de indiferencia hacia un contexto de ingobernabilidad que demanda la atención del Estado para garantizar condiciones que permitan evitar una mayor confrontación".
Al respecto, Francisco Javier Esteinou Madrid, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en medios de comunicación, señaló que ante una atmósfera de "asfixia mediática, a los grupos sociales no les ha quedado más remedio que enfrentar un modelo de comunicación totalitario, vertical y unilateral".
Si bien calificó la toma de las radiodifusoras como un hecho "ilícito", señaló que se trata de un desbordamiento del "México bronco" ante un modelo mediático "discrecional y hermético" que se ha visto fortalecido con la aprobación de la ley Televisa y que no garantiza la participación de todos los sectores sociales en el derecho a ejercer la libertad de expresión.
En países con modelos mediáticos como el de México, afirmó, "existe una ecuación que señala que a menores espacios de comunicación para la sociedad, mayor es la participación en la toma de calles, avenidas e instituciones fundamentales de la vida pública como una demanda para hacer escuchar su voz".
Los medios de comunicación, indicó, "también son responsables de esta confrontación, porque deben reconocer su papel como vasos comunicantes de la sociedad que requiere de espacios para ejercer la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información, pues de lo contrario veremos cómo se incrementa en las calles la demanda de espacios mediáticos más plurales".