Economía informal, una causa de la crisis del instituto
González Roaro: beneficios de reforma al ISSSTE, en 10 años
Crear un sistema nacional de pensiones, una solución
Los beneficios de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) serán palpables una década después de su entrada en vigor, cuando empezará a disminuir el gasto federal para el pago de las pensiones, aseguró Benjamín González Roaro, ex director del organismo.
En conferencia, el ahora diputado electo del Partido Acción Nacional, resaltó que la propuesta gubernamental para resolver el déficit financiero que desde 1993 afecta al ISSSTE plantea la modificación del sistema de pensiones con un costo de transición de 1.4 billones de pesos. Esta cantidad se erogaría a lo largo de 30 a 40 años para cubrir el monto de las pensiones en curso de pago y el retiro de los trabajadores que actualmente laboran en el instituto.
A partir de estos datos, Alejandro Villagómez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que el problema financiero del ISSSTE es "una bomba de tiempo más" que enfrentará el próximo presidente de la República. "No explotará", pero de continuar sin solución continuará creciendo; es decir, conforme pase más tiempo el costo de transición será cada vez mayor.
En materia de gasto del gobierno de la República, el déficit se traduce en que no se podrán aplicar recursos económicos en otras áreas prioritarias de la administración pública, como educación o infraestructura, apuntó el especialista.
Desde hace 13 años, el ISSSTE agotó las reservas financieras para asegurar el pago de las pensiones, por lo que ha sido necesario el subsidio fiscal. Cada año, sin embargo, esas transferencias aumentan a razón de 35 mil a 50 mil nuevos pensionados, lo que se traduce en una erogación adicional de entre 5 mil y 7 mil millones de pesos. Así, mientras en el año 2000 el subsidio ascendía a 10 mil millones de pesos, en 2006 será por un monto superior a los 40 mil millones de pesos.
González Roaro aseguró que de no existir dicho déficit en el ISSSTE, esos 40 mil millones de pesos podrían destinarse a atender otras prioridades, como garantizar una pensión a todas las personas mayores de 70 años que no pertenecen a las instituciones de seguridad social mexicanas. Inclusive, detalló, el monto de esa prestación podría ser superior a la que actualmente otorga el gobierno del Distrito Federal, de 700 pesos.
Economía informal
Al explicar sobre las razones que originaron la actual problemática del instituto, mencionó que en los países industrializados se facilita la cobertura universal de la seguridad social dado el bajo porcentaje de personas que se encuentran en la economía informal -16 por ciento del producto interno bruto (PIB)-, y donde el nivel de empleo y crecimiento permite dicho objetivo.
En cambio, en las naciones en vías de desarrollo, la informalidad representa más de 43 por ciento del PIB. Con esquemas contributivos, indicó, la cobertura universal carece de viabilidad en el corto plazo, mientras que si no existen esquemas contributivos el impacto financiero es muy alto para esas economías.
Es el caso de México, donde coexisten diversos sistemas de pensiones, en su mayoría de reparto y sin portabilidad de derechos; con diferentes requisitos de acreditación de beneficios y mecanismos de operación rebasados por la transición demográfica.
El ex director del organismo planteó que la solución integral del problema pasa por la creación de un sistema nacional de pensiones que atienda estas y otras variables.
No obstante, reconoció que antes habrá que solucionar la crisis financiera del ISSSTE, igual que ya se ha empezado a hacer en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con respecto al ISSSTE, González Roaro explicó que actualmente el fondo de pensiones enfrenta un pasivo que representa 45 por ciento del PIB, equivalente a 3 billones de pesos. Este monto es el que -de mantenerse las condiciones actuales- se necesitará para cubrir las pensiones de los 2.5 millones de trabajadores del Estado, además de los salarios de quienes ya se han retirado del servicio público.
Recordó que la propuesta del gobierno federal para modificar la ley del ISSSTE plantea migrar a un sistema de ahorro individual, en el cual los beneficios provienen de las cuotas y aportación a favor de cada trabajador. Las personas que ya reciben una pensión se mantendrían sin cambio y a los trabajadores activos se les respetarían sus derechos pensionarios, mediante la opción de elegir entre el régimen vigente con requisitos actualizados de manera gradual (edad, antigüedad y cotizaciones), o el reconocimiento del beneficio global a que tiene derecho de acuerdo con la ley actual (bono pensionario).