Funciona como tapadera de ejecuciones extrajudiciales, señala

Acusa Soberanes a PGR de alcahuetear actos de tortura

Denuncia actos de intimidación y amenazas contra él y un visitador

EMIR OLIVARES ALONSO

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) vive un estado de descomposición por ser ''tapadera y alcahuete'' de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de Estado; además, denunció que las investigaciones en torno a esos delitos -que realiza la CNDH- han provocado actos de intimidación contra su persona y la del primer visitador, Raúl Plascencia.

''Nosotros somos víctimas de intimidación por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que se ha convertido ya no en defensora de las garantías individuales, sino en la tapadera y alcahuete de las violaciones a las mismas'', subrayó.

En conferencia de prensa, el ombudsman nacional dijo que el gobierno de Vicente Fox ''va para atrás'' en la lucha contra la tortura, por lo que será complicado que en los tres meses que le quedan la situación se logre revertir, amén de que ''es mentira'' que no exista un solo caso en el que ese delito se haya presentado, como ha asegurado el mandatario.

Como sustento, Soberanes presentó las cifras que el órgano a su cargo tiene en torno a quejas por tortura durante este sexenio: en 2000, se presentaron 30; en 2001, 36; para 2002 fueron 50; 39 en 2003; 2004, 37; 2005, 46, y 16 en lo que va de este año, lo que suma 254 denuncias por ese ilícito.

Por ello, consideró, la actual administración, junto con el procurador Daniel Cabeza de Vaca, ''van acabar dando malas cuentas a la sociedad en materia de tortura y ejecuciones extrajudiciales''. Inclusive, dijo que la descomposición que existe en esa dependencia propició que el gobierno de Estados Unidos no confiara en ella para la detención de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.

La inconformidad de Soberanes tiene su origen en la recomendación 13/2006, por un caso acreditado en el que se plantearon torturas propiciadas por agentes de Estado y agentes del Ministerio Público, que la PGR y su titular se negaron a aceptar. Ante ello, el ombudsman consideró que el gobierno federal vive una especie de ''esquizofrenia''. La administración foxista ''habla de una lucha contra la tortura y se le llena la boca al hablar, por ejemplo, de la aplicación del Protocolo de Estambul, y van como misioneros hablando en toda la República, (pero) son incapaces ahí de aplicar ese protocolo en este caso (el de la recomendación 13/2006), por eso digo que es una esquizofrenia. Candil de la calle y oscuridad en su casa: están muy dispuestos a que se aplique dicho precepto internacional, pero son incapaces de aplicarlo ante las faltas de su propio personal''.

Soberanes lamentó que la PGR haya dejado de cumplir su misión como institución encargada de hacer prevalecer el orden y las garantías, al tolerar conductas indebidas de algunos servidores públicos. Los casos que causaron la discordia entre la procuraduría y la CNDH son el de José de Jesús Zúñiga, presunto distribuidor de drogas en Tamaulipas, quien al ser detenido por agentes federales en marzo de 2005 fue objeto de tortura, lo que devino, tras su denuncia, en la recomendación 13/2006, queja de la que después se retractó, lo que provocó el rechazo de la recomendación.

Sin embargo, durante la conferencia se hizo público un video en el que se muestra que agentes del Ministerio Público Federal coaccionaron a Zúñiga para obligarlo a desistirse de la denuncia que interpuso ante la CNDH. Otro caso es el de un ciudadano muerto durante un operativo de la Agencia Federal de Investigación en Hidalgo, el 12 de junio de 2004; y el último, que aún se está integrando, tiene que ver con una persona que fue ultimada de un balazo en la nuca.

En la conferencia de prensa también se informó que los agentes del Ministerio Público Gustavo Medel y Simón Soto hicieron público el pasado 14 de junio que habían presentado una denuncia contra el ombudsman nacional y el primer visitador de la CNDH, por haber sido implicados en la recomendación 13/2006. Más tarde, personal de la comisión señaló que la querella contra Soberanes y Plascencia es por la presunción de difamación y calumnias.

Asimismo, se dijo que funcionarios del órgano de defensa de los derechos humanos han recibido amenazas anónimas vía telefónica; además, recientemente personas ajenas a la CNDH se introdujeron a sus instalaciones para sustraer una computadora personal que contenía información referente a casos de tortura denunciados y entrevistas con la periodista Lydia Cacho.

El ombudsman aseveró que aunque ha levantado las respectivas denuncias ante las autoridades competentes por las amenazas de que ha sido objeto, es poco probable que prosperen durante la actual administración. Sin embargo, confió en que el próximo gobierno y un nuevo procurador ''puedan actuar y asumir esas responsabilidades''.

Soberanes pidió que se investiguen las conductas inadmisibles de funcionarios de la PGR, para que ''la justicia se abra paso y cese la impunidad tan nociva a las personas, la sociedad y a los fundamentos de cualquier convivencia civilizada en México, tan necesitado de fortalecer su estado de derecho''.