Usted está aquí: viernes 25 de agosto de 2006 Estados Problemático inicio de gestión de nuevos alcaldes

En Toluca, puentes recién inaugurados tienen fallas

Problemático inicio de gestión de nuevos alcaldes

Aguda falta de liquidez en varios municipios mexiquenses

ISRAEL DAVILA, SILVIA CHAVEZ, JAVIER SALINAS Y MARTIN DIEGO CORRESPONSALES

Ampliar la imagen Juan Rodolfo Sánchez, alcalde de Toluca, en su oficina Foto: Ginarely Valencia A. /Agencia MVT

Los puentes y pasos a desnivel construidos a lo largo de la avenida Alfredo de Mazo, de Toluca, estado de México -y que fueron entregados el último día de la presidencia municipal del panista Armando Enríquez Flores, el pasado 17 de agosto-, tienen fallas estructurales, por lo que fueron cerrados a la circulación y no se pondrán en operación hasta no subsanar las deficiencias.

Frente a la escasez de recursos con que otros alcaldes panistas transfirieron los ayuntamientos, las nuevas administraciones de Cuautitlán Izcalli y Coacalco se vieron obligadas a poner a disposición de los acreedores 50 vehículos, en el primer caso, y a dejar de percibir salario en su primer mes de trabajo y reducir en 20 por ciento los sueldos de los mandos altos y medios, en el segundo caso.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el nuevo alcalde de Toluca, también panista, informó que el cabildo acordó crear una comisión que dé seguimiento puntual a los puentes y pasos a desnivel construidos en la avenida Alfredo de Mazo, a la par de las acciones que han iniciado la Secretaría de Comunicaciones del estado y el Organo Superior de Fiscalización del Congreso local.

Ambas instancias emprenderán una investigación a fondo, desde el ámbito técnico hasta el financiero, para determinar si existen responsabilidades de ex funcionarios municipales por los desperfectos que registran las obras en una de las más importantes vialidades de la capital mexiquense.

Dichas obras fueron inauguradas con 10 meses de retraso por Enríquez Flores, tuvieron un costo superior a 130 millones de pesos y fueron financiadas con un crédito que la legislatura local autorizó contratar con Banobras al ayuntamiento de Toluca en 2004, por 158 millones de pesos.

Otro panista, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, David Ulises Guzmán, tuvo que echar mano del parque vehicular del municipio para hacer frente al desorden financiero heredado de la administración que encabezó su compañero de partido Alfredo Durán Reveles.

"¡Escoge tu carro para embargarlo!", dice en la explanada municipal que convirtió en un gran estacionamiento, debido a que en ella se dispusieron más de 50 unidades -entre ellas patrullas de la policía-, con las que responde a los reclamos de pagos que hacen proveedores y prestadores de servicios al gobierno local.

Y es que la administración anterior expidió al menos 150 cheques sin fondos, por 3 millones 200 mil pesos, y finiquitos apócrifos por 6 millones de pesos a 138 empleados, por lo que los afectados reclaman "dinero en efectivo". Esta semana la Tesorería fue sujeta de dos embargos, por 2 y 3 millones de pesos cada uno.

El ex tesorero de Cuautitlán Izcalli, José María Jurado Cobos, quien expidió y firmó los cheques sin fondos, fue contratado como director de Obras Públicas por el nuevo alcalde en Naucalpan, José Luis Durán Reveles, hermano de Alfredo.

En Coacalco, el cabildo, ahora encabezado por el priísta David Sánchez Isidoro, determinó que los funcionarios de primer nivel dejarán de percibir su salario en su primer mes de trabajo, y redujo en 20 por ciento los sueldos de los mandos medios con respecto a la gestión panista concluida la semana pasada.

"No hay recursos para poder pagar a los directores los sueldos de 100 mil pesos que tenían los funcionarios públicos de la administración anterior; no se pueden sostener", señaló Nora Luz Chávez Hernández, síndica municipal.

En Guanajuato, la Comisión de Hacienda del Congreso local instruyó al procurador de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell Arenas, a dar cauce a una investigación penal contra la administración pública de los municipios de Abasolo, San Felipe Torresmochas y Salvatierra, gobernados por panistas, además de San José Iturbide, encabezada por un militante de Convergencia, por daños ocasionados al erario, y castigar a los presuntos responsables de posibles delitos de fraude, peculado y abuso de autoridad.

Según las auditorías y revisiones a la cuenta pública de esas localidades, existen irregularidades como préstamos y compensaciones a funcionarios y servidores públicos por finiquito de administración, deficiente revisión y autorización de conceptos fuera de catálogo en materia de obra pública; falta de documentación, y hay deficiencias en la aplicación de la normatividad en materia de adquisiciones.

 
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