Editorial

La descomposición de la PGR

Una de las más exasperantes promesas incumplidas del foxismo ­y son muchas­ es el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno federal. En el sexenio que está por concluir han proliferado los ataques a las garantías individuales desde el poder público que, en el discurso y en la propaganda, presume ser defensor de ellas, pero que en los hechos permite y solapa prácticas atroces como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, así como hostiga y amedrenta a organismos públicos y sociales de defensa de los derechos humanos.

Las declaraciones formuladas ayer por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dan cuenta, por ejemplo, de dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR) que debieran dedicarse a velar por el respeto a las garantías fundamentales de las personas y que se han vuelto "la tapadera, el alcahuete de las violaciones a los derechos humanos".

La descomposición de la PGR, señalada por el ombudsman nacional, viene de lejos. Durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha, esa instancia, en vez de procurar justicia, se dedicó a atropellarla y a negarla: fabricó delitos, inventó culpables, se sometió a una utilización facciosa por parte de los estamentos del poder político y económico y acabó en una sima de desprestigio tras el intento de linchamiento judicial del entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, a quien se pretendió sacar de la carrera presidencial construyendo una acusación penal sin más fundamento ni razón de ser que las intrigas de individuos como Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos. Deben recordarse, también, entre otras muchas conductas aberrantes, las atroces persecuciones contra personas inocentes como Artemisa Aguilar, Nahúm Acosta y Joaquín Romero Aparicio, por mencionar sólo tres de los casos más sonados, así como el empecinamiento de Macedo de la Copncha en intimidar a periodistas para obligarlos a revelar sus fuentes y a delatar a sus informantes, como una manera rápida y fácil de ahorrar a los policías la tarea de investigar.

En el colmo de la distorsión institucional, la PGR de Daniel Cabeza de Vaca, en vez de aceptar las recomendaciones formuladas por la CNDH, se ha dedicado a desvirtuarlas, manipulando los casos, para después atacar por la vía judicial a los directivos de la instancia defensora de los derechos humanos, como lo señaló su presidente ayer. Tales ataques coinciden con amenazas telefónicas anónimas a José Luis Soberanes y a sus colaboradores.

Si el foxismo gobernante se ha desarrollado desde un primer momento en una doble realidad, la de las cifras reconfortantes y la de los hechos lacerantes, la de los discursos idílicos y la de los conflictos irresueltos y agravados, su hipocresía se supera a sí misma en el ámbito de los derechos humanos: mientras que el gobierno de México se presenta ante propios y extraños como defensor de tales garantías y se da el lujo de dar lecciones sobre el tema a otros países, en nuestro territorio la PGR solapa la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Del arrasamiento institucional causado en los pasados seis años por el grupo en el poder, el de la PGR es posiblemente el más claro, el más inequívoco y el más indignante. Con todo, la Presidencia de la República sigue sacando de algún lado el aplomo necesario para presentar sus conductas facciosas como un afán de "defensa de las instituciones".