Estaría listo el nuevo cómputo luego del recuento de votos
Analiza el TEPJF juicios de nulidad de 43,858 casillas
Tanto el PAN como la coalición pidieron invalidar urnas
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) empezó ayer, a puerta cerrada, la discusión previa de los primeros juicios de inconformidad relacionados con la demanda de nulidad de 43 mil 858 casillas, solicitada por separado tanto por la coalición Por el Bien de Todos como por el Partido Acción Nacional (PAN).
Esta celeridad contrasta con la falta de diligencias para desahogo de pruebas que tienen que ver con el "recurso madre" (SUP-JIN 212/2006), que es fundamental para la defensa legal de Andrés Manuel López Obrador, porque en éste se argumenta la falta de certeza y legitimidad de la elección presidencial.
Respecto al inicio de la discusión de los magistrados en sesiones privadas, ayer hubo un intenso ajetreo de funcionarios del tribunal que iban y venían con los proyectos de resolución. En 233 juicios de inconformidad, la coalición pide anular la votación en 31 mil 336 casillas, más 7 mil 532 (65 por ciento) de las 11 mil 839 en que hubo recuento de votos; el PAN solicita invalidar 4 mil 990.
Si bien ya había avances en los juicios interpuestos inicialmente tanto por PRD, PT y Convergencia como por el PAN, los magistrados dieron entrada a los juicios de inconformidad sobre presuntas irregularidades detectadas en 65 por ciento de las casillas en que hubo recuento.
Trascendió que las principales impugnaciones hechas por la defensa legal de López Obrador tienen que ver con las condiciones de las bodegas en que se encontraban las urnas y la paquetería electoral cuando se llevó a cabo el recuento ordenado por la sala superior, el 5 de agosto pasado; la falta de listas nominales en los paquetes; que no se verificó el número de votantes en la lista nominal con los sufragios depositados en las urnas, así como la falta de boletas, principalmente.
Estas últimas impugnaciones -se dijo en el tribunal- constituyen una nueva carga de trabajo, por lo que aún se desconoce la fecha en que se llevará a cabo la próxima sesión de la sala superior.
En este contexto, trascendió que los magistrados ya llevaron a cabo la "valoración de los votos apartados" (que habían quedado bajo reserva en el recuento), clasificándolos y asignándolos a los candidatos presidenciales a quienes estaban dirigidos. Es decir, que los sufragios, cuya cantidad exacta se desconoce, ya están integrados en un nuevo cómputo llevado a cabo por la sala superior.
Extraoficialmente, se dice que los magistrados podrían optar por llevar a cabo una sesión en la que analicen los juicios en que se demanda la anulación de las casillas, dejando para una sesión posterior la calificación y, en su caso, la convalidación de los comicios.
Sin embargo, hay quienes opinan que sería en una sola sesión en la que se determine el número de casillas nulas, se haga el recuento definitivo de los votos y, en su caso, se califique la elección.
De acuerdo con la ley, una vez que la sala superior lleve a cabo el recuento definitivo, se abre una nueva etapa procesal, es decir, los magistrados se abocan a calificar en su conjunto los comicios con el fin de establecer si éstos cumplieron con los principios de certeza, legalidad y equidad que exige la Carta Magna.
Y en este punto, explicaron fuentes extraoficiales, es cuando adquiere importancia el "juicio madre" (SUP-JIN 212/2006), correspondiente al distrito 15, del Distrito Federal, porque precisamente en éste la coalición presentó sus alegatos con que pretende demostrar la indebida injerencia del presidente Vicente Fox en la campaña de Felipe Calderón, mediante una costosa campaña publicitaria oficial, y de forma paralela a la campaña electoral del panista.
Asimismo, expone la campaña difamatoria en contra de López Obrador, de parte de organizaciones empresariales y civiles afines al PAN; el excesivo número de votos nulos (904 mil 604); que en su momento el Instituto Federal Electoral (IFE) actuó parcialmente para favorecer a Calderón al no ordenar la suspensión de los espots que de manera ilegal ayudaron al panista y perjudicaron al abanderado perredista; que la campaña panista rebasó el tope oficial de gastos, y la desigualdad en el trato de los medios de comunicación a los candidatos presidenciales.
Hasta ayer, el magistrado presidente del TEPJF, Leonel Castillo (ponente del caso), no había hecho ningún requerimiento de información a las autoridades (particularmente al IFE) para desahogar esas demandas, como sería la entrega de monitoreo en los medios de comunicación sobre los espots del panista y su costo, el recuento de los anuncios presidenciales en los que se habría favorecido a Calderón, versiones oficiales de declaraciones del presidente Fox en las que ilegalmente apoyó al candidato panista, así como el monto y número de espots empresariales en contra de López Obrador, entre otros.
Por otro lado, el tribunal dio entrada a tres impugnaciones por la distribución de diputados plurinominales acordada por el IFE el pasado 23 de agosto. Los demandantes son Jaime Cobián Zamora y Francisco Piñeiro, de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y Manuel Antúnez, de la coalición, quienes aspiran a una de las 200 diputaciones que por esta vía fueron repartidas. Mañana vence el plazo para que el tribunal resuelva, porque el 29 de agosto rinden protesta los legisladores.