Los informes de las ONG revelan una situación preocupante, dice Corcuera Cabezut
En Oaxaca existe el riesgo de que ocurran desapariciones forzadas: relator de la ONU
En México existen focos rojos en materia de derechos humanos, como el caso de Oaxaca, donde se han denunciado presuntas detenciones arbitrarias que "en muchos casos pueden conducir a una desaparición forzada", alertó Santiago Corcuera Cabezut, catedrático de la Universidad Iberoamericana (Uia) y presidente-relator del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Agregó que aun sin tener información que confirme una desaparición en el contexto de los hechos de violencia que vive Oaxaca, los informes de diversas organizaciones nacionales e internacionales en pro de los derechos humanos revelan una "situación preocupante que puede conducir a una desaparición forzada".
Indicó que en los casos donde se tengan indicios de la responsabilidad de autoridades o de ciudadanos que hayan sido incitados o alentados por instituciones del Estado para participar en una desaparición forzada, "el grupo de trabajo puede actuar para conocer el paradero de la víctima y evitar que los presuntos perpetradores queden impunes".
En entrevista con La Jornada, señaló que ante condiciones de violación a los derechos humanos, organizaciones civiles y agrupaciones internacionales pueden solicitar una acción urgente ante la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exigir el cumplimiento del Estado mexicano a los compromisos internacionales suscritos en la materia.
Aseguró que es necesario que los denunciantes "activen" los mecanismos de protección ante posibles violaciones a los derechos humanos, y recurran ante los grupos y comités de la ONU para presentar los casos y atender las quejas que se presenten contra un Estado que puede estar "violando acuerdos internacionales".
Corcuera Cabezut, integrante desde 2004 del grupo de trabajo conformado por cinco expertos, fue nombrado presidente-relator en agosto de este año, cargo que desempeñará hasta 2008, afirmó que el primer mandato otorgado por la ONU es cumplir con una tarea "humanitaria" para servir de enlace entre los familiares de una víctima de desaparición forzada y el gobierno del estado donde se realiza esta práctica.
Destacó que ante denuncias de presuntas desapariciones forzadas, el grupo de trabajo informa de los casos al Estado y "éste debe responder sobre la queja para esclarecer el paradero de la víctima, pero también para evitar que los presuntos perpetradores se beneficien de leyes de amnistía y queden impunes".
En el caso de México, indicó, los casos abiertos por la guerra sucia de los años setenta "siguen abiertos hasta que se esclarezcan, porque no se conoce el paradero de la víctima y no se ha garantizado la aplicación de justicia ni las medidas de no repetición".
Agregó que la denuncia es una de las medidas más importantes en el caso de una desaparición forzada, ya que permite al grupo de expertos hacer del conocimiento del Estado que se ha presentado una "grave violación a los derechos humanos y con ello iniciar una acción disuasiva y de cese de hostigamiento".
El experto de la Uia señaló que a diferencia de México, naciones como Colombia, Nepal y Sri Lanka son consideradas países "críticos" en materia de desapariciones forzadas por el incremento de casos en años recientes, a los que se suma Argelia y Chechenia, donde la "impunidad es uno de los factores más preocupantes".