Oaxaca, el cerco gubernamental
Finalmente parece que en Oaxaca está sucediendo lo que tanto se temía: los gobiernos federal y estatal optaron por someter al movimiento popular aglutinado en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Para ellos el asunto es de seguridad nacional, no de justicia social. Eso se desprende de los acontecimientos de los últimos días, entre los que se incluye la represión sistemática a los inconformes a cargo de policías estatales vestidos de civil, con lo que el número de muertos ha aumentado dramáticamente; las declaraciones del propio gobernador y de la procuradora general de Justicia del estado de equiparar las propuestas populares a una guerrilla urbana, respaldados por varios dinosaurios priístas; la campaña emprendida por el gobernador en persona para afirmar que se irá cuando concluya su mandato, al tiempo que intenta reducir el reclamo popular de la salida del gobernador a las demandas económicas del magisterio. En ese mismo sentido apunta el llamado de la Secretaría de Gobernación a la APPO a un diálogo sin condiciones, al tiempo que la Secretaría de la Defensa Nacional concentra en la capital del estado a los elementos del 36 batallón ubicado en el vecino estado de Veracruz. En otras palabras, están tendiendo un cerco político y desinformativo alrededor del movimiento popular oaxaqueño, con la finalidad de aislarlo y finalmente derrotarlo.
Además de lo peligroso que resulta esta vía para enfrentar la crisis política oaxaqueña, por el riesgo de llevar al estado a un baño de sangre, tiene un problema de origen: ignora las causas profundas del conflicto, para convertirlo en un teatro en donde los partidos políticos y los grupos de interés que actúan detrás de ellos pueden seguir ajustando sus cuentas pendientes y ya que logran acuerdos volver a la rutina, como si nada pasara. Nadie que conozca un poco la situación social, económica y política del estado puede negar el hartazgo de la población, sobre todo los pueblos indígenas, por la explotación su fuerza de trabajo y sus recursos naturales, sumiéndolos en la más profunda pobreza; la antidemocracia y el autoritarismo que permea las instituciones gubernamentales y sus prácticas, que generan un clientelismo voraz alrededor de los programas gubernamentales; la farsa de la división de poderes, porque todos se someten al Ejecutivo en turno, al grado de que la mayoría de los jueces actúa por consigna, entre otros problemas. Todo esto parece que nada significa frente al interés del PRI y del PAN de llegar a arreglos que les permitan usufructuar el poder político del estado por lo menos en los próximos seis años, como si fuera de su patrimonio.
La APPO puede no tener la suficiente pureza política que muchos reclaman para reconocer lo justo de su lucha, pero goza de varios atributos que no veíamos en muchos movimientos populares del estado desde hace por lo menos 30 años, cuando otro movimiento popular echó por la fuerza a otro gobierno tan represor como el actual: en ella concurren diversos actores que durante los últimos años han enfocado sus esfuerzos a la defensa de los derechos políticos y sociales de la sociedad oaxaqueña, incluidos ayuntamientos constitucionales; sus integrantes han adoptado una estructura horizontal, de tal manera que las decisiones fundamentales se toman por la mayoría, pero sobre todo han abierto espacios para que los oaxaqueños que así lo deseen expresen sus opiniones sobre cómo resolver el problema. Prueba de ello es el foro por una nueva democracia y gobernabilidad que se realizó los días 16 y 17 pasados, donde se expusieron algunos de los problemas que se mencionan en el párrafo anterior. Ahí mismo los participantes acordaron trabajar por la realización de un nuevo constituyente que sea el principio de la refundación del estado, acorde con las condiciones de la entidad y las necesidades de sus habitantes.
Por eso es preocupante que las señales que se mandan desde el gobierno federal apunten a doblar a los pueblos y organizaciones en lucha. La convocatoria al diálogo que hace la Secretaría de Gobernación, siendo un camino correcto, no puede supeditarse a que no haya condiciones, pues para que tengan resultados se requiere que se fijen las condiciones, las reglas y los temas del diálogo; pero tampoco es correcto llamar al diálogo al tiempo que se coloca al Ejército al alcance de la parte a la que se llama a dialogar, como diciendo que no hay otra opción. Si el gobierno en realidad quiere contribuir a que el estado de Oaxaca vuelva a la paz, debería tomar más en serio el problema: adoptar medidas para que cese la represión contra quienes participan en el movimiento; restituir las garantías constitucionales; fijar con la APPO las reglas de la negociación; negociar con quien tenga que hacerlo la salida del actual gobernador y la llegada de otro que pueda ser interlocutor de todos los actores políticos, y promover condiciones para pactar el programa del nuevo gobierno, que por naturaleza debe ser transitorio. Lo otro es como prender leña al fuego, y ni el país ni el estado están para eso. En el mejor de los casos podrán someter al movimiento, pero tarde o temprano volverá a brotar.
* Abogado mixteco, autor entre otros libros de Muerte sin fin: crónicas de represión en la Región Mixteca oaxaqueña