La Presidencia y el tribunal electoral
La declaración del Presidente que da como un hecho el triunfo electoral del candidato de su propio partido tiene muchas implicaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte de un poder distinto y legalmente independiente del Ejecutivo. El Poder Judicial, en efecto, debe tener una absoluta independencia para poder cumplir con su papel. Como se ha señalado, se pasó por encima del artículo 49 de la Constitución, que dice que "no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación."
La palabra del presidente, independientemente de quién ocupe el cargo, tiene en México un gran peso. Ha habido épocas en las que una declaración del presidente equivalía a una orden, y las cosas no cambian totalmente de un día para el otro. Tómese como una orden, como una presión o como una forma de inducir un resultado en el fallo del tribunal, demerita la independencia del Poder Judicial y, en este caso, de su tribunal electoral. En el caso de que este fallo coincida con lo que el poder presidencial, el Poder Ejecutivo, está diciendo públicamente, mucha gente puede tomarlo como que el tribunal obedeció al poder presidencial. De por sí está muy dañado el prestigio de las instituciones electorales, que habían logrado un prestigio importante durante el periodo anterior, que incluyó la primera elección, precisamente la de 2000, en la que ganó el actual presidente y en la que por primera vez en 70 años perdió la Presidencia el partido en el poder.
En cuanto al prestigio del IFE, no me voy a referir a sus posiciones y actitudes a lo largo del proceso electoral, que sistemáticamente favoreció al PAN e incluso permitió violaciones a la ley, como en la guerra sucia. Me refiero a lo que el tribunal electoral puso en evidencia cuando dispuso que se abrieran cerca de 12 mil casillas y sus documentos asociados, o algunos de ellos.
Este tribunal puso en evidencia que no había tales elecciones puras y limpias, como insistentemente dijo y repitió el dirigente principal del IFE. Mostró, y fueron incluso filmados en video en varios casos, los paquetes rotos, los sobres de boletas sin sello, otros sobres sin firmas de representantes de los partidos ni de los ciudadanos comisionados, o sea que fueron sustituidos; miles de casillas a las que se les agregaron boletas (en algunos casos fue obvio que eran por el PAN, en otros no era difícil deducirlo), otros miles de casillas a las que les sacaron boletas (no es difícil deducir que principalmente a favor de López Obrador, lo cual incluso se comprobó en casos de boletas que luego aparecieron en basureros).
Así, incluso si no tomamos en cuenta la guerra sucia y otros elementos ilegales de la campaña que el IFE toleró, por lo menos hasta que el Tribunal Electoral le ordenó actuar conforme a la ley, las instituciones electorales están ya muy desprestigiadas. Si a esto agregamos los efectos de la declaración presidencial, menos va la gente a creer que fue por razones legales que se decidió que fuera el candidato del PAN el ganador.
La declaración presidencial minimiza, si no es que ignora, al tribunal electoral. En el mejor de los casos, lo toma como un trámite que "todavía no ocurre", pero que es obvio que se limitará a ratificar el fraude. Para esa forma de ver las cosas no es necesario esperar a ver qué decide el tribunal para saber quién será el ganador. Se hace a un lado el artículo 99 de la Constitución, según el cual "la sala superior (del tribunal) realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", sobre cuya base, y los cambios derivados del proceso, formulará "la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos".
El tribunal está, con esta declaración presidencial, ante dos posibilidades básicas. O bien "obedece", o da la apariencia de que lo hace, la afirmación presidencial, o bien toma su propia decisión o decisiones. Se hablaba de la posibilidad de que el tribunal conteste "en paquete" las impugnaciones de la coalición que apoya a López Obrador. Esta propuesta puede facilitar la primera posibilidad, rechazando en bloque las impugnaciones y por lo tanto ratificando el fraude.
Si se analizan como tales las diferentes impugnaciones, se pueden aceptar algunos aspectos y rechazar otros. En especial me refiero al que traté en el artículo del domingo pasado. Los miles de casillas en los que hubo más votos que votantes. Decía yo que no ha sucedido que en este tipo de casos no hayan sido anuladas automáticamente las casillas respectivas. Hay incluso jurisprudencia. Se antoja muy difícil que sea aceptado por los ciudadanos informados, u otros a medida que se vayan informando, que ahora se haga lo contrario, que el tribunal pase por encima de su propia jurisprudencia. Si el tribunal ratifica lo que se ha hecho al respecto durante años, respeta la jurisprudencia y anula esas casillas, el triunfo será de López Obrador.
Si se ratifica el fraude en estas condiciones, su desprestigio será aún mayor. Cualquier fraude desprestigia; si el tribunal pasa por encima de su propia jurisprudencia, peor. Con esta afirmación presidencial, que desprecia y minimiza al tribunal, que presupone que la decisión ya estaba tomada, pues no se diga.