Sigue la represión; amenazan de muerte a locutor y torturan a miembro de la CCC

ONG alertan sobre una eventual militarización en la ciudad de Oaxaca

El movimiento magisterial, catalizador de la inconformidad social, señala un informe

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax, 26 de agosto. El clima de represión gubernamental a la disidencia popular y a quienes le dan voz llegó a San Juan Guchicovi, en la región Mixe Baja. Fredy Gómez, locutor de la radio comunitaria Ayuuk (gentilicio del pueblo mixe en su lengua), ha recibido amenazas de muerte por parte de militantes del PRI y funcionarios del gobierno estatal. Esto, para que deje de difundir noticias sobre las acciones y demandas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato magisterial.

"El compañero ha informado a la población de la zona húmeda del istmo de Tehuantepec sobre la lucha popular en contra del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y por eso ha sido amenazado de muerte, para que la inconformidad social no crezca más por todo el estado", denunció Temístocles Muñoz Juárez, diputado local del PRD por el distrito de Matías Romero.

Demostrando que algunos diputados sí existen en el mundo real, Muñoz Juárez señaló que el gobierno estatal "no puede comprar a todos los medios de comunicación, y las organizaciones sociales ya demostraron que cuando el pueblo se levanta no hay forma de detenerlo". El legislador agregó algo ya sabido: que en esa región, buena parte de la población se ha sumado al movimiento del magisterio y la APPO, en respuesta a la marginación histórica de los indígenas y su "utilización" por los "políticos mentirosos" del PRI. Las amenazas contra Fredy Gómez provienen de "priístas y de los delegados de Gobierno y Tránsito". Muñoz Juárez responzabilizó a Ulises Ruiz de lo que pueda ocurrir al locutor indígena y a su familia.

La falta de legitimidad del gobernador, el comienzo

Por su parte, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos dieron a conocer un amplio informe sobre la situación del estado. Allí afirma: "La hegemonía del PRI en la vida política de Oaxaca fue prácticamente absoluta hasta el proceso electoral de 2004". El primero de diciembre de ese año, Ruiz Ortiz llegó al gobierno de la entidad "después de un cuestionado proceso electoral, bajo la acusación de fraude, y el resultado se definió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sólo 15 días antes de la toma de posesión ratificó su triunfo". De esta forma, añade el organismo, Oaxaca se mantiene como reducto del priísmo autoritario.

La falta de legitimidad del gobernador "se vio agravada por su actuación represiva desde el inicio de su administración. Durante este tiempo las comunidades indígenas han sido atacadas por policías; líderes de organizaciones sociales han sido detenidos arbitrariamente y los medios y periodistas han sido atacados". El informe destaca la declaración de una huelga sin la participación de los trabajadores del diario Noticias, en julio de 2005, por la priísta Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; este hecho originó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares, y hubo una recomendación, no atendida por el gobierno oaxaqueño, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con este clima político se iniciaron en mayo de 2006 las movilizaciones de la sección 22. Ante la falta de solución, los maestros instalaron un plantón en el centro histórico, el cual se mantiene. El 14 de junio el gobierno intentó desalojar el plantón mediante un violentísimo y a la postre frustrado operativo con 2 mil policías.

La red apunta: "Poco a poco el movimiento magisterial se fue convirtiendo en un catalizador de la protesta e inconformidad social. De ello dan cuenta las diversas movilizaciones, respaldadas con una importante participación ciudadana, y el tránsito de demandas laborales a una de carácter político: la salida del gobernador Ulises Ruiz, la cual encontró eco entre la población ante la indignación por el desalojo del 14 de junio", y originó el movimiento de donde surge la APPO, con la participación de sindicatos, organizaciones sociales y civiles, padres de familia, comunidades, ayuntamientos populares y colonos urbanos.

El informe, que incluye un llamado a la comunidad internacional para exigir al gobierno de Vicente Fox "la búsqueda de soluciones pacíficas ante el conflicto que vive Oaxaca", describe las principales violaciones a los derechos humanos en los pasados 100 días, en especial desde el desalojo del plantón, donde se calcula que había unas 30 mil personas, "lo cual puede dar idea de la magnitud del caos generado por el operativo". Allí se iniciaron las agresiones a la población, las detenciones ilegales, la tortura y el ataque a los medios de comunicación alternativos (el primero fue Radio Plantón). Es decir, lo que ha devenido patrón de conducta de este gobierno al que no obstante empresarios y conductores televisivos reprochan no usar la fuerza pública para, dicen, restablecer el orden. Y no es que no lo haga, sino que los oaxaqueños ya no se dejan.

"La gravedad de los hechos puso en evidencia el silencio oficial, sobre todo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no se manifestó respecto de lo sucedido. Su silencio e inacción benefician al gobierno del estado y sus agentes violadores de los derechos humanos", señala la Red.

"La falta de espacios plurales, tanto en los medios de comunicación privados como en los públicos, es una característica en Oaxaca, y en este conflicto significó una permanente descalificación del movimiento social, frente a lo cual la APPO tomó acciones como la ocupación pacífica de Radio Universidad y posteriormente el Canal 9 de la televisión pública. Estas medidas (y otras posteriores), que buscaban abrir espacios para informar de su lucha y demandas, han enfrentado la violencia en diversas ocasiones."

El documento de la Red de Derechos Humanos enumera las detenciones recientes, mientras los funcionarios no cesan de obsequiar más órdenes de aprehensión contra maestros y miembros de la APPO. Destaca los casos de Catarino Torres Pereda, Germán Mendoza Nube, Ramiro Aragón Pérez y Erangelio Mendoza González. El 17 de agosto fue detenido Renato Cruz Morales, de la Central Campesina Cardenista (CCC) en Tuxtepec, trasladado a Tierra Blanca (Veracruz) "torturado salvajemente" y puesto en libertad. "La constante ha sido la violación a los derechos humanos: detención ilegal y arbitraria, sin derecho al debido proceso, abuso de autoridad, tratos crueles y degradantes, y tortura", apunta el informe. Y cita los asesinatos de José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo.

"La ingobernabilidad es alentada por operativos policiacos con el claro objetivo de intimidar a la población. El descontento social por los hechos de violencia se generaliza. Son constantes las violaciones a los derechos humanos y el vacío de autoridad, hasta ahora contenido por la activa participación ciudadana". El informe lanza una alerta ante la posibilidad de que este clima continúe, se generalice la represión y lleve a eventuales militarización y mayor presencia policiaca en la ciudad y en lugares estratégicos del estado.