La legislación de Oaxaca, laboratorio jurídico, afirma
La realidad del país supera a la ley indígena: Montemayor
Guadalajara, Jal., 26 de agosto. Invitado para hablar de la ética en el periodismo, en entrevista el escritor Carlos Montemayor prefirió referirse a la ley indígena que, en México, no está acorde con la realidad de un país multiétnico, con gran cantidad de naciones precolombinas que desarrollaron verdaderos pueblos con su herencia cultural cimentada y que ha constituido el legado que hoy conforma la personalidad del mexicano.
Montemayor dijo que, comparada con otros países, incluso con la misma legislación que en la materia se tiene en Oaxaca, la ley indígena federal es insuficiente y se queda corta ante el embate de una realidad donde la marginación es la constante.
El escritor dijo que en Oaxaca se cuenta con una serie de artículos más completos, razonables y equilibrados, sobre todo en cuanto a los procesos de designación de autoridades tradicionales y el reconocimiento que a ello hace el gobierno oficial
"La aceptación e incorporación de estos procesos al sistema electoral oaxaqueño es una aportación inmensa. Hubo estudios importantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los derechos indígenas en el aspecto electoral y la legislación oaxaqueña es, hasta este momento, una especie de laboratorio político y jurídico de México", dijo.
Recordó que en 2000 y 2001 se debatió el tema de las reformas constitucionales a nivel federal, cuando en los hechos se dio la posibilidad de avanzar en términos jurídicos, lo cual no sucedió.
"Las leyes federales y todas las estatales que han llegado a partir de 2001 quedaron rezagadas no sólo ante la realidad propia de México, sino también ante las constituciones de otros países, particularmente Canadá, que tiene los sistemas jurídicos más avanzados para los pueblos originarios, a los cuales llaman primeras naciones, y también en materia de autonomías regionales y de gobiernos.
"Estamos también por debajo de la Constitución de Nicaragua que reconoció la autonomía de los pueblos de la costa atlántica, también por debajo de Ecuador, Brasil y desde nuestra propia historia, con las reformas constitucionales de 2001, quedamos rezagados respecto al articulado del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros suscribimos en 1989 y que el Senado ratificó en 1990. Quedamos con un rezago también de más de medio siglo porque elevamos al área constitucional gran parte de los argumentos que sustentaron el proyecto del Instituto Nacional Indigenista en su fundación, en 1948. De manera que ha sido catastrófica la reforma constitucional en materia de derechos indígenas desde el año 2000 para acá".