Junto con el secretario Romero Ramos emprende defensa de los señalados

Rechaza González de Aragón que haya encubierto a los hijos de Marta Sahagún

El auditor reta al diputado Jesús González Schmal a "probar sus acusaciones"

ELIZABETH VELASCO CONTRERAS

El auditor superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, rechazó tajantemente que en sus revisiones haya encubierto a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, tras las indagatorias a la empresa Construcciones Prácticas por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en la adquisición de cartera vencida del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

De su lado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, aseguró que en 15 días entregará a la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca, los resultados de las auditorías a la compañía Facopsa, vinculada con Construcciones Prácticas y a la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó al menos 13 contratos por 421.3 millones de pesos.

"De 28 contratos (adjudicados a Facopsa), las auditorías de 26 ya concluyeron y quedan dos que se darán a conocer en 15 días", garantizó.

También, indicó, se han terminado los exámenes a los contratos que Petróleos Mexicanos otorgó al hospital San José, propiedad del hermano de Marta Sahagún, y de la condonación de multas millonarias por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la empresa Saint Martin que presuntamente benefició a uno de los hijastros del presidente Vicente Fox.

Romero se negó a informar si de las auditorías se desprenden observaciones o se derivan denuncias de orden penal. Rechazó además que proteja a los Bribiesca. "La secretaría no exonera absolutamente a nadie." Y a los legisladores de la comisión especial que lo acusan de encubrirlos, respondió: "Eso no es cierto".

Más enfático, González de Aragón reviró a esa comisión legislativa: "¡Claro que (la ASF) no encubrió a los hermanos Bribiesca; a nadie!"

Ambos fueron entrevistados por separado en el marco de la Tercera Semana Nacional de Transparencia, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En ese marco, el auditor retó al diputado Jesús González Schmal, presidente de esa comisión legislativa, a "probar ante las instancias correspondientes sus acusaciones".

Aun cuando dijo que se abstendría de criticar a los diputados de esa comisión legislativa, porque por sus fueros constitucionales "son inviolables en su opinión", refirió que la ASF "trabaja con evidencias, no con dichos". Aún más, aseguró que ese órgano fiscalizador fue en este sexenio, "la auditoría incómoda que no es complaciente con el poder político".

González de Aragón destacó que la ASF ya compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR) para responder a la denuncia que en su contra interpuso la comisión referida por presunto encubrimiento.

"La ASF ya compareció ante el Ministerio Público hace un par de meses y se exhibieron las copias de los cheques", que -según la comisión legislativa- fueron firmados por Jorge Alberto Bribiesca y el otro por la empresa Quilate, cuyo propietario era entonces Manuel Bribiesca, a favor de Construcciones Prácticas para adquirir la cartera vencida del IPAB.

De ello, el auditor precisó: "Nosotros fuimos los que señalamos la existencia de estos cheques; no fue la comisión, sino la ASF la que hizo el señalamiento de que habíamos detectado estos cheques que no correspondían a la empresa licitadora".

Si bien González Schmal informó en su momento que el primer cheque sirvió para adquirir el terreno Los Pirules de 100 mil metros cuadrados en Celaya, Guanajuato -operación en que Jorge Bribiesca firmó el documento como un tercero, sin ser parte de la sociedad de Construcciones Prácticas-, y con el segundo Quilate adquirió 271 departamentos en el estado de Puebla, el auditor sostuvo:

"Les recordaría una cosa que es muy cierta; eso fue venta de cartera litigiosa, de manera que no había inmuebles en venta".

De la revisión que hicieron sobre las operaciones del IPAB, aseguró, "verificamos que todo el proceso de la licitación se llevara de acuerdo con las normas establecidas y cumplimos con nuestra responsabilidad como auditores. Tenemos como norma de actuación no señalar nombres, no somos procuradores de justicia".

En defensa de la ASF y su actuación, arguyó que ese órgano recuperó 23 mil millones de pesos en cuatro años, de los cuales 10 mil 856 millones de pesos corresponden al rescate bancario.