Editorial
Libros, entre la cultura y el mercantilismo
Hoy viernes primero de septiembre vence el plazo para que el presidente Vicente Fox decida qué hacer con la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura: ya sea publicarla en el Diario Oficial de la Federación, vetarla o regresarla al Congreso de la Unión. La decisión del mandatario pondrá fin, al menos por el momento, al debate sobre la conveniencia de aplicar en México la política de precio único para los libros, tal y como establece la norma en cuestión, o de dejar actuar libremente al mercado en concordancia con la oferta y la demanda. Sin embargo, salvo algunos legisladores, los responsables de la industria editorial y los expertos en la materia, pocas personas están enteradas de todas las implicaciones de este debate para el país, sobre todo en educación y cultura, los pilares de una sociedad fuerte y sana.
Actualmente existen en el mundo dos modelos de comercialización de libros: el primero, vigente en Francia, entre otras naciones, consiste en establecer un precio único para proteger un bien cultural de los vaivenes e incertidumbres del mercado, lo que a su vez garantiza el acceso equitativo a la cultura y la sobrevivencia de pequeños editores y libreros. El segundo, que se aplica en el Reino Unido, destaca las bondades del libre mercado y se opone a todo tipo de subsidios o medidas proteccionistas. Mientras la Secretaría de Economía, por conducto de la Comisión Federal de Competencia, se ha pronunciado en contra de la ley al considerar que favorecerá la creación de monopolios, el titular de la Sociedad General de Escritores de México, Víctor Hugo Rascón Banda, manifestó su apoyo a esta iniciativa.
Ambas políticas tienen sus ventajas y desventajas, aunque el ciudadano común no esté al corriente de estas opciones, una situación inaceptable en un debate de tanta importancia para el país, en donde el promedio de lectura es de medio libro por persona al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: una nación de lectores es una nación que cuenta con las suficientes herramientas (educación, conocimientos y cultura) para poder defender sus intereses y derechos. En este contexto, cabe preguntarse cuál es la urgencia de promulgar una ley cuyos pormenores no han sido explicados a la ciudadanía con profundidad. Es por ello que las autoridades, junto con todos los actores involucrados en esta industria, deben abrir el debate a toda la sociedad mexicana, para adoptar la política de fomento a la lectura que más convenga a México.
Al respecto, hay que señalar la falta de una discusión a fondo sobre qué modelo de venta de libros es el que más se adecua a las características socioeconómicas del país. Sea cual fuere la política que finalmente se escoja, no es lo mismo fijar un precio único en Francia, con uno de los sectores editoriales más vigorosos del mundo, que en México, donde apenas se publican unos 14 mil 700 títulos al año, que se venden en tan sólo 606 librerías. Tampoco es lo mismo liberar el comercio de libros en el Reino Unido asimismo con una poderosa industria editorial que en México, donde los subsidios gubernamentales a los libros de texto gratuitos son vitales para que millones de niños y jóvenes tengan acceso a la educación.
Por otra parte, este país, con altos índices de analfabetismo funcional México ocupa los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en calidad de lectoría de sus estudiantes requiere necesariamente una ley de fomento a la lectura que efectivamente abarate el costo de los libros; una iniciativa que, por el contrario, redunde en libros más caros, es un fracaso.
Así, el reto radica en proceder con responsabilidad para encontrar un equilibrio entre el negocio editorial y los costos accesibles, una condición esencial para incrementar el número de lectores y cimentar la industria editorial nacional.