La coordinación, a cargo del EMP; en "alerta", las brigadas de disuasión
Participan más de 8 mil elementos en el operativo por el sexto Informe
También entrenan "voluntarios" en el sureste, según información enviada a este diario
El Estado Mayor Presidencial (EMP) coordinará todas las acciones policiacas y militares que se desarrollen hoy con motivo del sexto Informe de gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, incluyendo las operaciones de las "brigadas de disuasión".
En tanto, en la redacción de este diario se recibió ayer información acerca de la existencia de otros centros de adiestramiento de "brigadas de disuasión" en el sureste mexicano, los cuales concentran sus operaciones en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tabasco. Lo anterior amplía la información publicada ayer por La Jornada.
Fuentes gubernamentales revelaron que en el operativo de seguridad elaborado para este primero de septiembre, además de los más de 2 mil militares y casi 6 mil policías federales -de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Federal Preventiva (PFP)-, el gobierno federal mantendrá en alerta a las llamadas "brigadas de disuasión" para contener cualquier acto que se considere que pueda alterar el orden público.
Certificarán notarios que policías y militares no utilicen armas letales
El plan incluye la presencia de 40 notarios públicos del Distrito Federal, con el propósito de que "certifiquen" que los elementos de la PFP portarán únicamente armas consideradas no letales, es decir, equipos antimotines, para protección física de los agentes, gases lacrimógenos y sustancias químicas que "sólo causan afectaciones al aparato respiratorio y que permiten inmovilizar a los contrarios".
Los desplazamientos de elementos de la PFP abarcarán desde la residencia oficial de Los Pinos hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con las fuentes consultadas, las áreas de seguridad nacional e inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -sección Segunda, S-2, por clave-, la PFP, la AFI y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), determinaron que los grupos de infiltración y detención -que vestirán de civil y serán distribuidos en zonas consideradas estratégicas- permanecerán en estado de alerta y comunicados de manera permanente con sus mandos (todos militares) para actuar en caso necesario.
Para este operativo la PFP aportará, según fuentes de esa corporación, 2 mil elementos, los cuales serán asignados a seis puntos considerados de "alta prioridad": Los Pinos, Palacio Nacional y los edificios sedes de Petróleos Mexicanos, Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y de Gobernación.
En tanto, la PGR dispondrá de aproximadamente 3 mil elementos de la AFI y contará con 200 agentes del Ministerio Público para atender la apertura de averiguaciones previas por denuncias que se presenten en casos de disturbios o alteraciones del orden.
Según fuentes de la dependencia que encabeza Daniel Cabeza de Vaca, desde la madrugada de este primero de septiembre todo el personal se mantendrá en "Uno", clave con la que se identifica el estado de "alerta".
También capacitan a brigadistas en bases militares de Oaxaca y Chiapas
Por otra parte, al igual que en la Base Aérea de Santa Lucía, ubicada en el estado de México, en entidades del sureste del país también se imparten cursos de capacitación a grupos de "disuasión" que tienen la encomienda de ubicar, contener y, de ser necesario, detener a líderes e integrantes de movimientos de resistencia civil que existan en el país.
De acuerdo con la información gubernamental proporcionada a este diario, al menos desde hace tres semanas diversas instalaciones de inteligencia gubernamental, militares y de seguridad pública federal, ubicadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, son utilizadas para impartir cursos de capacitación en contrainsurgencia a "jóvenes voluntarios", agentes de inteligencia de la PFP y la AFI, así como a miembros del Cisen.
Algunos de ellos tienen la encomienda de infiltrarse entre las personas que participan en las actividades diarias de los movimientos sociales del país, específicamente en el de resistencia cívil pacífica que se lleva a cabo en la ciudad de México, así como en el que iniciaron hace más de cien días dirigentes del movimiento magisterial y popular en Oaxaca.
Parte de la labor de cada "compañía de inteligencia", integrada por 40 elementos, es identificar correctamente la responsabilidad que tiene cada uno de los líderes de los movimientos sociales, entregar reportes continuos de sus actividades y aportar información sobre planes y estrategias operativas de los inconformes.
La información obtenida por los infiltrados se transfiere cada tres días a una base de datos que se concentra en diversas instalaciones de inteligencia gubernamental, particularmente en el Cisen y la SSP federal.
Un reporte pormenorizado de los datos recabados sobre las actividades de los inconformes es enviado continuamente a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación para mantener informado al presidente Vicente Fox y al encargado de la política nacional.
De acuerdo con datos obtenidos de fuentes de alto nivel del gobierno mexicano, estos grupos también desarrollan actividades de inteligencia -en coordinación con el Cisen- en Tabasco y Guerrero, ya que esas entidades son consideradas de "riesgo".
Rechaza jurista enfrentar la disidencia por cauces violentos
A su vez, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que de ser cierta la pretensión del gobierno federal de adiestrar a grupos de contrainsurgencia, "estamos hablando del propósito de coartar las libertades individuales y sociales de la colectividad; un estado de sitio y represión que sería violatorio a lo establecido en el artículo 29 constitucional, en cuanto a que el Estado no puede asumir otras labores más que las que le son propias.
"Esta situación viene a enrarecer aún más el clima político y social que vive el país y, en todo caso, la disidencia del Estado o del partido de Estado no debe darse por cauces violentos", puntualizó el abogado especialista en derecho constitucional.