Visitadores de la CNDH y de la CDHDF serán enviados a San Lázaro
Llaman a Fox a no ceder a presiones y a desistir del empleo de la fuerza
El Presidente está obligado a evitar la represión, indican defensores de derechos humanos
Advierten que habría "serio retroceso" si se confirma versión sobre actividades paramilitares
Ampliar la imagen Personal de la Cámara de Diputados trabajó ayer intensamente en la preparación del salón del pleno con vista a la presentación del último Informe de gobierno foxista Foto: José Antonio López
Ante el clima de tensión e incertidumbre que se vive en víspera del último Informe de gobierno del presidente Vicente Fox, y tras la queja que legisladores de la coalición Por el Bien de Todos interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este órgano de enviará a 30 visitadores adjuntos a la Cámara de Diputados, con el propósito de corroborar que no se vulneren garantías durante las diversas manifestaciones en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por otro lado, defensores de derechos humanos exigieron al presidente Fox que como máximo jefe de las fuerzas armadas no ceda a presiones que obliguen al uso de la fuerza. Inclusive el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, indicó que "sería responsabilidad de Fox" si las corporaciones policiacas o militares, uniformadas o no, usan la fuerza para reprimir a integrantes y simpatizantes de la coalición.
Fuentes de la CNDH informaron que hoy, desde las siete de la mañana, 30 personas a cargo del primer visitador, Raúl Plascencia, se apostarán tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados para fungir como observadores de los probables actos de represión que pudieran suscitarse.
Las fuentes consultadas aseveraron que personal del órgano de derechos humanos estuvo en el recinto legislativo para acordar con las autoridades policiacas que están a cargo de la vigilancia las facilidades para los visitadores. Los elementos de la CNDH contarán con cámaras fotográficas y de video, así como con fichas de registro para dar cuenta de las quejas que pudieran presen- tarse en el momento en que se den los hechos.
Asimismo, agregaron que la comisión nacional montará una guardia durante todo el fin de semana para recibir las quejas por las probables violaciones a las garantías individuales que pudieran presentarse tras el sexto Informe de gobierno.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que trabajará en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) -dependencia que también enviará un equipo de observadores- para estar al tanto de lo que vaya sucediendo a lo largo del día en las inmediaciones del recinto legislativo.
El equipo de la organización civil estará en contacto con la CDHDF para dar cuenta a las organizaciones internacionales de derechos humanos de los hechos de hoy, y de ser necesario, solicitar un pronunciamiento internacional.
Responsabilidad foxista
"El titular del Ejecutivo federal y comandante en jefe de las fuerzas armadas debe impedir terminantemente todo acto de represión, sobre todo por medio del empleo de las fuerzas policiacas", sostuvo Miguel Concha. Agregó que de no hacerlo así Fox sería el principal responsable de violaciones a las garantías individuales.
Por ello, la agrupación Ciudadanos por el Diálogo envió una carta al mandatario federal en la que lo exhorta a no ceder a presiones de los grupos de poder para usar la fuerza contra los manifestantes.
En torno al posible surgimiento de un grupo militar como los halcones, David Velasco, director del Centro Pro, aseguró que de confirmarse esas versiones "sería un grave retroceso" en la defensa de los derechos humanos, por lo que exhortó a los defensores de las garantías fundamentales a poner especial atención en lo que puede significar un comando de ese tipo y sus posibles infiltraciones en movimientos sociales.
Llamó a los actores involucrados a "evitar el uso discrecional de la fuerza pública y que su actuar sea con base en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad absoluta" de las normas internacionales.
Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió con lo anterior, "pues se retornaría a las viejas prácticas priístas que en teoría estaban superadas". Agregó que hoy se pondrá a prueba el compromiso que el Estado mexicano adquirió al estar el frente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Recordó que se debe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su jurisprudencia que todo Estado tiene derecho de garantizar su seguridad, pero ésta debe tener un límite, pues "ninguna actividad de Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana".
Los defensores de derechos humanos coincidieron en señalar que el "estado de sitio" que se vive en las calles aledañas a San Lázaro vulnera varias garantías individuales, como el derecho al libre tránsito, la libertad de expresión y de manifestación, además de que se atenta contra la autonomía del Poder Legislativo. Aseguraron que de presentarse la violencia el país entraría en un estado de retroceso.
"Se quejaban de la obstrucción de las vías en Paseo de la Reforma, pero el gobierno hace lo mismo en San Lázaro, lo que resulta contradictorio en su respuesta", afirmaron.