Alega el PAN que el tribunal ya emitió una resolución que en su momento fue acatada

Evalúa el TEPJF impacto de la propaganda sucia contra AMLO

ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

Aunque ya en su momento fue motivo de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la campaña sucia desarrollada por el PAN es un argumento más que la coalición Por el Bien de Todos ha presentado para que los magistrados no declaren la validez de la elección presidencial. El llamado "voto del miedo", que detonaron los promocionales con el lema "López Obrador es un peligro para México", fue un factor en la contienda y el Instituto Federal Electoral (IFE) fue omiso para detenerla.

Sin embargo, en los alegatos presentados por el PAN -en su escrito como tercero interesado- se plantea el argumento de que el tribunal electoral ya emitió una resolución sobre procedimientos especiales para analizar la propaganda de los partidos, mismo que sirvió al IFE para intervenir en los promocionales -no sólo del PAN- que consideró que se encuadraban dentro de los criterios de los magistrados y denostaban al adversario.

Muy similares son los argumentos del IFE en su informe circunstanciado remitido para desvirtuar las acusaciones que la coalición realiza sobre el tema y sobre la injerencia de los empresarios en la campaña electoral. La única diferencia con el alegato panista es que en este caso se citan los procedimientos mediante los cuales el instituto ordenó el retiro de promocionales.

Al referirse a la injerencia de compa-ñías privadas y grupos empresariales en favor del PAN, el instituto señala que en este renglón "la autoridad no es omnímoda ni omnipotente, es decir, las facultades de la autoridad electoral se encuentran ceñidas a lo que dispone la ley, de tal suerte que las conductas de entidades privadas no pueden ser sancionadas en términos en que lo pide la enjuiciante".

La publicidad sucia y la participación de grupos empresariales en favor del candidato del PAN, entre ellos la del Consejo Coordinador Empresarial, conforman otro de los ejes argumentativos de la coalición Por el Bien de Todos para demandar la no declaratoria de validez de la elección presidencial, lo cual será objeto del análisis de los magistrados.

La coalición argumenta que el IFE no detuvo a tiempo la campaña que inició el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que el desarrollo de esta publicidad sucia, como la definió al asociarlo con la violencia y con el populismo, tenía el propósito único de propiciar el miedo en el electorado.

Frente a esta situación, responsabiliza al instituto de ser omiso en sus responsabilidades de impedir la calumnia y la denostación, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Muy ligado con este tema, en el juicio de inconformidad promovido en el distrito 15 del Distrito Federal, en torno al cual la coalición demanda la no declaratoria de la validez de los comicios ante las condiciones de desigualdad en la contienda, también se alude a la abierta campaña del Consejo Coordinador Empresarial en la campaña electoral, el involucramiento de empresas como Bimbo -propiedad de Lorenzo Servitje, cuyas filias panistas son evidentes- y Jumex, cuya propaganda comercial, a decir de la coalición, dejaba entrever inclinaciones en favor del PAN.

Tras advertir que de manera ilegal un particular -la organización empresarial- contrató propaganda con evidentes contenidos electorales para descalificar la oferta de López Obrador, acusa al IFE de ser omiso en sus responsabilidades y de no haber actuado en consecuencia ante la violación a la legislación en la materia. "Hubo complacencia y permisividad" en un hecho que influyó en el electorado.

El PAN, en cambio, sostiene que existen contradicciones en los planteamientos de la alianza: en una parte de su escrito -dice el blanquiazul-, la coalición "aduce que la 'campaña de mentiras y descalificaciones' quedó acreditada 'en las resoluciones firmes de la sala superior del Tribunal Electoral y del Consejo General del IFE', e incluso aporta al juicio de inconformidad dichas documentales, como pruebas de que la campaña propagandística desplegada por otros contendientes fue desproporcionada y basada en acusaciones falsas".

Sin embargo, se añade, modifica su opinión y señala que el Consejo General del IFE omitió tomar las medidas necesarias para hacer cesar las campañas negativas en contra del candidato de la coalición. "Siete páginas adelante insiste en que el IFE permitió los ataques desproporcionados entre contendientes y omitió tomar las medidas necesarias para lograr el cese de dichas campañas".

Y concluye: "no cabe duda que para la coalición las mismas autoridades, en particular el IFE, mostraron actuaciones contrapuestas e incompatibles entre sí en relación con la misma materia. En su equívoca argumentación, por un lado las autoridades fueron omisas en atajar ataques desproporcionados y falsos, pero por otra, aduce que las mismas autoridades determinaron que ciertas actividades propagandísticas fueron desproporcionadas y carentes de verdad".

Al referirse a la participación del CCE y de las empresas Jumex y Bimbo, el PAN pretende desvirtuar las acusaciones de eventuales apoyos en favor de la campaña de su candidato, Felipe Calderón, sosteniendo que la coalición no presenta ningún indicio de haber acudido a la Comisión de Fiscalización del IFE para presentar una queja en contra de estos presuntos apoyos ilegales.

Para justificar su actuación en el ámbito de la publicidad electoral, el IFE hace un recuento de cómo se fueron conformando los procedimientos especiales que se iniciaron ante diversos promocionales que cayeron en los supuestos que en su momento emitió el propio tribunal electoral, que los consideró como denostativos e injuriosos.

"El IFE conoció y resolvió, a través de la instauración de dichos procedimientos desahogados durante la etapa previa a la celebración de la jornada electoral", destacando que esos mismos asuntos llegaron posteriormente a manos de los magistrados por parte de los partidos y coaliciones que los consideraron violatorios de la normatividad electoral.