Las auditorías no señalan omisión de pagos, afirma
Considera SFP que no hay evidencia de irregularidades
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, aseguró que en las auditorías practicadas por esa dependencia a Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) no se desprenden irregularidades por omisión en el pago de derechos de trámite aduanero (DTA) a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
"No tengo noticia de que hubiera elusión de pago", afirmó, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que durante los cuatro primeros años de la gestión de Vicente Fox, ISOSA causó un daño al erario por 9 mil 985 millones de pesos por no enterar los DTA a la Tesofe.
Incluso el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, informó a La Jornada que tras las indagatorias practicadas a la Cuenta Pública Federal, previas a 2001, y de ese año a 2004, ese órgano fiscalizador pudo recuperar 2 mil 457 millones de pesos (el 25 por ciento) de lo que ISOSA no reportó a la Tesofe.
De las indagatorias que realiza la SFP, Romero arguyó que para dar confianza a la ciudadanía decidió trasladar ese caso a un grupo de auditores externos -cuyo nombre no consignó- que "continúan revisando y auditando las operaciones de ISOSA", empresa que en 1995 recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un traspaso de 432 mil bienes con un valor superior a los 46 mil 430 millones de pesos.
En entrevista por separado, Romero evadió informar si los auditores han encontrado irregularidades en esa empresa encargada de dar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo y control del despacho aduanero, pero destacó que ISOSA ya "fue disuelta" en enero pasado, al igual que los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.
Según Romero, aún están "pendientes recursos (económicos) para poder liquidar" esas tres figuras (empresa y fideicomisos) que fueron creadas con dinero del erario público en 1993 por Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, para lo cual contó con la asesoría del despacho de Santiago Creel Miranda.
Sólo en la constitución del fideicomiso Aduanas I, número 954-8, Gil Díaz dispuso -en mayo de 1993- de 200 millones 488 mil 368 pesos del presupuesto federal, según se desprende de un recurso de revisión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
De la situación de los fideicomisos en general, González de Aragón planteó que urge transparentar esas figuras y fiscalizarlas a la brevedad, pues a diciembre de 2004 existían mil 387 figuras de ese tipo con activos por 675 mil millones de pesos equivalentes al 8.8 por ciento del PIB.
De los recursos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, Romero dijo que ya fueron traspasados "a un fideicomiso público, a través del cual todos los recursos que se recaudan (por el pago del DAT por parte de los importadores y exportadores de la República Mexicana) no son públicos, sino privados, pues la Corte acaba de fallar que son privados". Sobre ISOSA, dijo que a finales de la gestión de Fox concluirá su proceso de liquidación.
Datos de la ASF revelan que el patrimonio de ISOSA a principios de año ascendía a poco más de 19 mil millones de pesos. Según Romero, esos recursos ya pasaron a un fideicomiso público que está abierto al escrutinio de la ciudadanía. "Los recursos son perfectamente auditables; están transparentes en las páginas (electrónicas) de la SHCP", argumentó Romero.
De las irregularidades
La ASF precisó que tras detectar las irregularidades por casi 10 mil millones de pesos, solicitó información que le fue negada por la SHCP, la cual siempre argumentó que no podían rendir información por tratarse de fideicomisos privados.
Esa dependencia, encabezada por Gil Díaz, interpuso en 2004 una controversia constitucional en contra de la ASF, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del DTA.
Por su lado, González de Aragón comentó que los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que manejan cuantiosos recursos públicos están seriamente afectados por la opacidad. "Hemos señalado la apremiante necesidad de transparentar su operación; al 31 de diciembre de 2004 existían mil 387 figuras de ese tipo que reportaban activos por 675 mil millones de pesos, equivalentes al 8.8 por ciento del PIB".