Bolivia: revierten al fisco 16 mil hectáreas usurpadas por la IP
La Paz, 31 de agosto. El gobierno del presidente Evo Morales ordenó hoy revertir al fisco 16 mil hectáreas de tierras originarias de los indígenas yuquises, en manos de empresas privadas del municipio Ascensión de Guarayos, en el este de Bolivia.
Ante esto, la prefectura, empresarios, agropecuarios y otros sectores del estado de Santa Cruz se declararon "en emergencia", luego de que en la víspera policías y militares desalojaron las haciendas La Isla y La Madre, que estaban ocupadas por dos empresarios de la provincia de Santa Cruz.
En otros desalojos los afectados fueron indígenas y colonos de Copacabana, Cochabamba y campesinos que habían invadido la reserva ecológica Isiboro Sécure.
Las tierras revertidas, como parte de la revolución agraria del gobierno, se entregarán a 600 familias de Pueblos Unidos de Yuquises, que las habían solicitado, informó al diario El Deber el director del Instituto Nacional de la Reforma Agraria en Santa Cruz, Dionisio Rivas.
En Copacabana, Teodosio Mamani, sercretario de la Federación de Campesinos, anunció que bloqueará la carretera que lleva al santuario en protesta porque "fue atropellado su derecho originario", e indicó que los indígenas habían ocupado desde noviembre de 2005 el predio desalojado.
A su vez, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, aseveró que se hará un análisis jurídico exhaustivo del desalojo y entrega de la tierra, y si es necesario se interpondrá un amparo constitucional en contra.
Germán Antelo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz criticó que se "premie" a los "avasalladores" y "criminales" que atropellan los derechos de la gente.
En Sucre, tres constituyentes del Movimiento al Socialismo, Isabel Domínguez, Martín Cerrado y Antonieta Meneses, fueron agredidos por personas que participan en bloqueos para exigir dotación de agua a las zonas altas de la ciudad y la construcción del nuevo aeropuerto y caminos.
Cerrado, quien sufrió una herida en la nariz, señaló que denunciarán la agresión a la Asamblea Constituyente. "Son empleados de la prefectura y también de la alcaldía. El pueblo de Sucre tiene que pensar que con la agresión nada ganan", aseveró.