Usted está aquí: viernes 1 de septiembre de 2006 Opinión Ciudad Perdida

Ciudad Perdida

Miguel Angel Velázquez

ISOSA: ¿el botín del sexenio?

Una ejecución misteriosa y dos hipótesis

10 mil millones de pesos sin destino definido

En manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quedarán las investigaciones sobre la muerte del director de operaciones de la empresa Integradora de Servicios Operativos, Sociedad Anónima (ISOSA) -que podría haberse convertido en la empresa botín del sexenio-, las cuales tienen dos puntas visibles: el muerto sabía demasiado y no estaba de acuerdo con seguir siendo el cómplice; o bien, alguien culpó al directivo de haber filtrado la información sobre Hildebrando a la coalición Por el Bien de Todos, y se cobró la supuesta deslealtad.

Por lo pronto, está claro que existen unos 10 mil millones de pesos -que ISOSA cobró como "derechos aduaneros" a las empresas importadoras y exportadoras- que no fueron reportados a la hacienda pública, que pudieran ser ilegales dados los tratados de libre comercio, y que hoy, en plena extinción de esa empresa, no tienen un destinatario bien definido.

Para algunos observadores, esos dineros son parte del botín del sexenio que quedarán en manos de los funcionarios del más alto nivel de este gobierno, pero también, en algunos montos importantes, pudieron haber sido usados para financiar los trabajos sucios de la política gubernamental federal, como por ejemplo la propaganda en contra del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos que se difundió por radio y televisión.

En la procuraduría del DF, los investigadores tienen muy claro que el director de operaciones de ISOSA, Francisco Obel Villarreal Ontelo, fue vigilado durante algún tiempo para saber con exactitud cuáles eran sus rutinas y cuáles las variables de éstas, para establecer el momento y el lugar de la ejecución con toda precisión.

De esa forma se tomó la decisión de que Villarreal Ontelo sería asesinado a las afueras del colegio a donde asisten sus hijos. A ese lugar no faltaba y las variables del horario de llegada eran muy estrechos, es decir, no habría margen de error.

El móvil, aunque no se ha establecido con certeza públicamente, apunta hacia su trabajo en ISOSA, y no precisamente sobre la situación de la empresa a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había cubierto con el manto de la impunidad, aunque existen muchas incógnitas sobre el destino de sus dineros, sino por la filtración de datos concretos que han sido utilizados para revelar la participación de la empresa del cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, en los ajustes cibernéticos que se hicieron en ISOSA para desaparecer algunas cifras importantes en sus cuentas.

El procurador Bernardo Bátiz tendrá que llamar a declarar, muy seguramente, al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para que aclare todo lo referente a la empresa y sobre la participación del director de operaciones en los enjuagues que se han descubierto en la empresa que creó en 1993 por órdenes de Carlos Salinas de Gortari.

Todo esto, que, desde luego, es parte de la muy larga historia negra de corrupciones del gobierno federal panista, no estará dentro del Informe que Vicente Fox pretende dar y que sería, nada más, otra burla a la sociedad.

Para las autoridades judiciales del Distrito Federal será muy difícil hallar a los ejecutores de la venganza, a fin de cuentas no serán sino sicarios contratados que no tienen nombre ni rostro, pero lo que sí se podrá aclarar, con alguna certeza, es el motivo del crimen.

Los derechos de ¿quién?

Más activo a favor de su propio beneficio, el ombudsman azul, que siente que Felipillo, su protegido, ya tiene la presidencia en la bolsa, citó en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a representantes de organizaciones no gubernamentales de Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y Chihuahua, a una comida en la que les dejó en claro que sus aspiraciones son las de imponerse, como su favorito, en la defensoría nacional de los derechos humanos, en lugar de José Luis Soberanes.

Sus invitados se hospedaron en el hotel Misión Colón Reforma, donde cada habitación cuesta, con plantón o sin él, por ahí de los 2 mil pesos, IVA incluido, que dicen, eso no nos consta, fueron pagados por la propia comisión junto con los boletos del avión que los trajo a la capital. ¡Qué tal las ambiciones! ¿Eh?

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