Esperan aprobación, a fin de otorgar garantías políticas, económicas y culturales
Presentarán ante la ONU acuerdo sobre derechos de discapacitados
Luego de cinco años de negociaciones, la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad se presentará a la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a realizarse a mediados de septiembre, para que sea aprobada por los estados miembros y con ello garantizar el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los más de 650 millones de personas con discapacidad en el mundo, que representa aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial.
En conferencia de prensa, el director general para temas globales de la cancillería, Ernesto Céspedes, y el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, señalaron que esta convención dotará al derecho internacional de un instrumento jurídicamente vinculante para que los gobiernos introduzcan gradualmente cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a personas con discapacidad, entre otros derechos.
Ambos funcionarios precisaron que este instrumento no sólo implica la elaboración de leyes y medidas para mejorar los derechos de los discapacitados, sino que además representa un cambio de paradigma hacia las personas con discapacidad, en tanto que acuerda eliminar legislaciones, prácticas y costumbres que las discriminan.
Sin embargo, Rincón Gallardo señaló la urgencia de impulsar una reforma de Estado que proteja los derechos de los discapacitados, aunque reconoció que más allá de las legislaciones que puedan aprobarse, los cambios que se requieren son más culturales y éstos, regularmente, son más lentos. Pero creo que lo más importante -agregó- es que hemos dado el paso de hacer visible un problema grande, dramático, que además impide consolidar la propia democracia y elevar los niveles de vida. El hecho es que este tema forma ya parte de la agenda nacional y eso representa un paso histórico.
Aún así, lamentó que, paradójicamente, en México un particular que abuse de un consumidor puede ver clausurado su negocio y sufrir una multa, pues, por fortuna, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la atribución para establecer esas sanciones, pero ese mismo particular no puede ser tocado si discrimina a una persona con discapacidad, porque la ley autoriza el Conapred a buscar la conciliación entre las partes y eso sólo si el particular acepta avenirse a ese proceso conciliatorio.
Es por ello que los elementos centrales de la convención de la ONU también tienen que plasmarse en nuestras leyes y políticas públicas y con ello modificar el trato a las personas con discapacidad en distintos aspectos de la vida social. Por ejemplo, se deben aplicar y promover las acciones en el terreno del empleo, de la educación, para lograr la integración escolar, de la salud, de la justicia, de la accesibilidad, de los diseños urbanísticos, del transporte.
Ante estas necesidades, es necesario reformar tanto la Ley General de Personas con Discapacidad, como la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, ya que es inaceptable que calles y edificios sean inaccesibles y hostiles para personas ciegas, sordas o con discapacidad motriz.
Insistió en que no se plantea nada imposible, sólo se trata, dijo, de un cambio cultural, y recordó que hace algunos años la política cultural sobre el VIH/sida era errática, y hoy está garantizada la atención a quienes padecen ese mal.
Luego de que la convención se negoció y aprobó entre 170 de los 192 estados miembros de la ONU, el texto estará ahora mismo en un proceso de redacción jurídica y traducción a las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas, y se espera que durante los trabajos del 61 periodo de sesiones de la Asamblea General se adopte la resolución, a fin de que se abra a firma y ratificación de los miembros, lo cual los obligaría a acatar el documento.