Hoy vence el plazo para que el Presidente la apruebe, vete o regrese al Congreso

Incertidumbre sobre el futuro de la ley de fomento a la lectura

Silencio de Los Pinos sobre el pronunciamiento final de la legislación

Opositores: se impulsa la formación de monopolios; simpatizantes, es la clave para reactivar la industria

ERICKA MONTAÑO GARFIAS

Hoy vence el plazo para que el presidente Vicente Fox publique en el Diario Oficial de la Federación, vete o regrese al Congreso con modificaciones, la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura.

Esta legislación se encuentra entrampada por la polémica que existe en torno a la aplicación del precio único del libro. La principal opositora es la Comisión Federal de Competencia (CFC) porque, asegura, causará graves perjuicios a los consumidores y generará monopolios. Editores, libreros y otros sectores que apoyan la medida afirman que es la pieza fundamental para la reactivación de la industria editorial de México, donde se publican 14 mil 726 títulos anuales, 101 millones de ejemplares y existen sólo 606 librerías, de acuerdo con las cifras más recientes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Tanto los que están en favor como los que están en contra confían en el triunfo de sus respectivas posturas. De acuerdo con versiones extraoficiales, desde hace dos días se desarrolla intenso debate en la Presidencia acerca de esta ley.

"Ojalá podamos bloquear (la ley), ojalá podamos lograr que la vete el Presidente", expresó el titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta; mientras, el titular de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y especialista en derechos de autor, Víctor Hugo Rascón Banda, sentenció: "no puedo creer que en un país un presidente a quien se le ha tachado de inculto y poco respetuoso hacia la lectura pueda cerrar su sexenio así (vetando la ley), cuando puede cuando menos mejorar su imagen al publicarla".

Tras su aprobación en las cámaras de Senadores y Diputados, proceso que se cumplió el pasado 26 de abril (los diputados del PAN votaron en contra), la Ley para el Fomento del Libro y la Lectura quedó en manos del Ejecutivo. Desde entonces se inició un periodo de confusión en cuanto a la fecha límite para que Fox dé a conocer su decisión.

Ante el silencio presidencial, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el 25 de julio un punto de acuerdo, presentado por el diputado perredista Inti Muñoz, en el que "exhorta al titular del Poder Ejecutivo a publicar(la) en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad posible".

En ese exhorto se subraya que dicha ley, que deroga la del año 2000, "contiene los elementos básicos que permitirán la protección de la industria editorial de nuestro país, así como desarrollar políticas de Estado para reducir los costos de la cadena productiva, crear incentivos en las acciones y programas de producción, promoción y difusión del libro y de los procesos de lectura".

Inti Muñoz, quien formó parte de la Comisión de Cultura de la legislatura saliente, señaló que no existe una fecha límite para que se publique la ley. Para el editor Miguel Angel Porrúa, quien se opone el precio único, ese plazo ya venció, mientras que Henoc de Santiago, presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos -en favor del precio único- dijo que se espera que el Presidente se pronuncie antes de dos semanas.

Sin embargo, Rascón precisó que "deber ser este viernes, que según nuestros cálculos es cuando vence el plazo. Hay un tiempo que marca la Constitución, si el Presidente no la publica este día se considera aprobada y entra en vigor, aunque se publique después en el Diario Oficial. Este viernes es el último día que tiene para vetar, aprobar o hacer observaciones y regresarla a la Cámara".

Lo que atrasa el procedimiento es el punto del precio único del libro, ya que la Secretaría de Economía, por conducto de la Comisión Federal de Competencia (CFC), sostiene que es monopólica. "Es al revés, el precio único evita los monopolios, evita que las grandes librerías y las grandes editoriales se apoderen del mercado", destacó el dramaturgo.

Al respecto, el titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta, precisó que esa dependencia no se opone a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro sino al precio único. "Creo que es una ley que tiene grandes virtudes. Si se toma la ley y todos los elementos que trae no tengo nada qué decir desde el punto de vista de competencia y como persona, como lector, me parece loable lo que está promoviendo, excepto en el precio único del libro como estrategia que busca promover la lectura, que haya más puntos de venta, mejorar las tazas de rentabilidad, en esa parte sí tengo problemas.

"Los sistemas de mercado de cualquier producto funcionan con base en las condiciones de la oferta y la demanda, y los precios de cualquier producto se van ajustando conforme esta dinámica. Pero en el caso del precio único se le está dando la facultad a un particular para decidir cuál debe ser el precio de intercambio de un producto, eso viola el artículo 28 constitucional y la Ley Federal de Competencia".

De acuerdo con el funcionario, no es verdad que con el precio único los costos de los libros al lector bajen. Basado en estudios realizados por la CFC; Pérez Motta destacó que en los países donde se aplica el precio único está comprobado que los libros cuestan entre 20 y 35 por ciento más que donde no se aplica (un caso específico es Gran Bretaña que hace unos años abandonó este sistema). Estos estudios también revelan para la CFC que tampoco aumenta el rendimiento de las editoriales ni el número de puntos de venta.

Lo único que esta ley y la aplicación del precio único nos traería "es una pérdida terrible para las empresas mexicanas, es una ley que apoya a la industria del libro, pero a la trasnacional, no a la mexicana", advirtió el editor Miguel Angel Porrúa.

Tanto Pérez Motta como Porrúa coinciden en señalar que la forma de reactivar la industria editorial no es la del precio fijo sino la aplicación de incentivos fiscales a todos los eslabones de la cadena productiva de libros.

Necesitamos, dijo Porrúa, "políticas públicas orientadas al desarrollo de la industria y que sean competitivas. Nosotros los empresarios, los industriales, no estamos pidiendo nada gratis, simplemente que nos permitan participar en el mercado en un mundo que ya está globalizado y en igualdad de circunstancias con otros países".

El director de Siglo XXI Editores, Jaime Labastida, dijo en entrevista con La Jornada: "el precio único puede servir hasta cierto punto. Por ejemplo, nosotros damos un cierto descuento a las librerías que nos compran en grandes volúmenes, es un descuento superior que a las pequeñas librerías. Si se va a establecer el precio único, ¿cuál es el descuento que va a predominar? No le puedo dar a la pequeña librería el mismo descuento que a Gandhi o El Sótano, a las que les damos ese descuento para que a su vez lo transmitan al lector. A nosotros como editores no nos perjudica el precio único. El que va a salir perjudicado es el comprador".

Henoc de Santiago, titular de las librerías Educal y de la Asociación de Libreros Mexicanos, rechazó la versión de que los precios se van a ir a la alza con la entrada en vigor del precio único. "Se piensa que la medida es un mecanismo para que los editores suban el precio de los libros y los libreros ganen mucho más, la verdad es que no están bien informados sobre experiencias internacionales, no conocen lo que ha pasado en otros países y tienen un pensamiento neoliberal ciento por ciento".

Reconoció que hay asuntos por resolver, como el alto costo del transporte de los libros a ciudades de provincia, pero "son cosas que se van a acomodar en la práctica. Es como un rompecabezas que se va a desajustar un poco pero luego se va a acomodar. El daño que hace esa competencia brutal de descuentos es mucho mayor que los problemitas que lleguemos a tener".

La Jornada trató de contactar en varias ocasiones al presidente de la Caniem, José Angel Quintanilla, para conocer las expectativas de ese organismo en cuanto a la ley en cuestión, sin obtener respuesta a dicha solicitud.

Por lo pronto, Rascón Banda adelantó que las ramas que apoyan la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro ya trabajan en la elaboración del reglamento. "Ya lo estamos haciendo para entregarlo a la Secretaría de Educación Pública para que ésta lo valide y lo entregue a Gobernación para su publicación. Una ley sin reglamento es como si fuera letra muerta. Estará listo antes de los seis meses que marca la ley.

"Soy optimista. No puedo creer que en un país un presidente, a quien se le ha tachado de inculto y poco respetuoso hacia la lectura, cuando recomienda no leer para que no se enteren de lo que pasa en el país, pueda cerrar su sexenio con un acto así cuando puede, cuando menos, mejorar su imagen al publicar una ley que va a ser benéfica para el país. Creo que desde la ley de los Pueblos Indígenas no ha habido una legislación con tantas bondades sociales. O la rechaza, la veta o la regresa al Congreso con enmiendas pero no la puede dejar dormir el sueño de los justos."