Piden que retome acusación penal por fraude contra sus dirigentes gremiales

Ex trabajadores de Goodyear Oxo demandan intervención de la PGR

CAROLINA GOMEZ MENA

A casi un mes de haber interpuesto una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de su dirigencia gremial por la presunta comisión del delito de fraude, un grupo de más de 200 ex trabajadores de la Compañía Hulera Goodyear Oxo se manifestaron a las afueras de dicha dependencia, la cual turnó el expediente a la ciudad de Querétaro.

Los inconformes lograron que entrara una comisión, la cual fue encabezada por José Cruz Piña Bautista, presidente de la Unión Nacional de Ex Trabajadores y Trabajadores de la Industria Hulera, quien señaló, en entrevista otorgada al término de una reunión con el subprocurador Aníberes Piña Hernández, que éste les aseguró que existen elementos para "acreditar la competencia" y que el caso sea tomado por la PGR.

La denuncia fue interpuesta el 9 de agosto pasado, añadió Piña Bautista, quien refirió que "el asunto es de carácter federal" y añadió que ayer metieron un oficio para que el expediente regrese a la PGR, y hoy tendrán una respuesta.

El fraude en que habría incurrido la dirigencia del sindicato de la Goodyear Oxo es por un monto de alrededor de "200 millones de pesos", cantidad que fue aportada por casi mil 400 empleados durante un lapso de 25 años a una caja de ahorro y por el concepto denominado "acciones".

A quien acusan de encabezar el desfalco es a Gonzalo Ugalde Gámez, quien fungía como secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Compañía Hulera Goodyear Oxo, y a los que denominan sus "incondicionales", los cuales también pertenecían al comité ejecutivo de ese gremio.

Fue el 13 de mayo de 2001 cuando la citada compañía cerró sus plantas en el país y liquidó a sus trabajadores, y fue también en esa fecha cuando Ugalde Gámez "se negó a devolver los recursos depositados en la caja de ahorro y en el concepto de acciones, relacionado con los bienes sindicales".

Alrededor de 800 trabajadores interpusieron juicios, y en 2005 la junta especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje "dictó un laudo favorable" a los demandantes, condenando a pagar al gremio un monto que actualizó y que por tanto supera 200 millones de pesos.

Pese a lo anterior, la dirigencia gremial se ha negado a cumplir el fallo e interpuso un amparo, al tiempo que llamó a una asamblea "fraudulenta" el 7 de mayo de 2006 para obtener la autorización para la "venta de todos los bienes del sindicato", lo cual según los demandantes es "ilegal".

Piña abundó que el domingo pasado Ugalde informó en una asamblea que en cuanto tuviera 50 por ciento del pago por la venta de lo bienes comenzaría a repartir los recursos, "sólo entre los ex trabajadores que fueron liquidados en 2001, y no en los años anteriores, lo cual no es verdad", indicó Piña.