Los modelos en AL y el Caribe han elevado la desigualdad, asegura especialista
Necesario, debate social sobre políticas de salud
La directora de la Organización Panamericana de Salud, Mirta Roses Periago, aseveró que los modelos del sistema de salud que se han desarrollado en América Latina y el Caribe, a partir de los años 70, han incrementado la desigualdad entre la población, por lo que es necesario diseñar políticas públicas que emanen del debate social, el cual debe plantear la verdadera importancia de la salud en el continente.
Según la doctora, quien ofreció una conferencia magistral en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, el cambio de políticas en el sector salud tiene que asimilar que el empleo no puede ser el "mecanismo exclusivo" para la protección social, debido a que el trabajo informal urbano en la región se ha incrementado considerablemente.
En los objetivos del milenio, señaló que este tema debe ocupar un lugar primordial en la agenda política del continente ya que todavía existen 230 millones de personas en América Latina y el Caribe que no cuentan con seguridad social; 125 millones que no tiene acceso permanente a servicios básicos de salud; 17 por ciento de los nacimientos se realizan sin atención de personal calificado, y 152 millones de personas no tienen acceso al agua potable y saneamiento básico. Por otro lado, el aporte familiar, mediante el gasto de bolsillo, representa 37 por ciento del gasto total en salud, y en varios países de la región supera 50 por ciento.
Asimismo, si bien es cierto que la esperanza de vida en la región supera los 60 años, con excepción de Haití, hemos cambiado las epidemias por las enfermedades crónicas. Las personas ya no se mueren "de", sino viven "con", comentó, haciendo alusión a enfermedades como el sida.
Las reformas que se llevaron a cabo en los 90 condujeron a la privatización de gastos en salud, deterioro del sector público, así como al aumento de la segmentación y fragmentación del sistema. Por lo tanto, los nuevos enfoques en políticas públicas tienen que ver la protección social de salud como una garantía que la sociedad debe otorgar a sus habitantes sin exclusión alguna.