Editorial
La burla
Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en las dos acepciones de la palabra y convirtió en verdad jurídica la validez de las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio, con base en inciertos resultados presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE). En términos jurídicos la resolución es inatacable, por más que haya sido un ataque, ella misma, a la inteligencia de los ciudadanos: en vez de colocarse al margen de las posturas partidarias, así como de las presiones gubernamentales y empresariales, y fundamentar su juicio en una visión de Estado, los magistrados optaron por chapotear en los alegatos facciosos y por incursionar en la feria de descalificaciones; así, en vez de impartir justicia, tomaron partido; lejos de velar por la vigencia de las instituciones, terminaron por marginarlas de la actual crisis política; en vez de proponer soluciones a la grave polarización que vive el país, decidieron acentuarla.
Las argumentaciones de los integrantes de la Sala Superior son un repaso de las menudencias de la elección el dictamen se mete hasta con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el primer debate entre candidatos, impresentable no sólo por su incongruencia, que conjunta el reconocimiento de irregularidades graves con una declaratoria, pese a todo, de validez, sino también porque el "cómputo final" que arguye no es tal, sino en sus nueve décimas partes el impugnado cómputo inicial fabricado por el IFE en la semana posterior a la elección, caracterizado por desaciertos, si no es que desaseos, que anularon las condiciones exigidas por el precepto constitucional (artículo 41), de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En suma, la Sala Superior del TEPJF faltó a su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones, y se enzarzó en un pleito de barandilla para descalificar los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos en demanda de anular las elecciones. Con ello, los comicios han sido revestidos de legalidad y, por esa vía, de legitimidad, argumenta el magistrado presidente, Leonel Castillo, pero tales acrobacias no van a persuadir a un tercio del electorado a decir de los números oficiales de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejan.
La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, si no en la manera en que aplican las leyes quienes encabezan el tribunal electoral, sí al menos en el sentido común: las cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse, toda vez que el IFE fue acusado de parcialidad y el TEPJF decidió no tomarse la molestia de despejar las dudas y volver a contar los sufragios uno a uno. La consideración que debiera ser de lógica elemental la negativa a esclarecer incrementa necesariamente la turbiedad fue desechada por los magistrados electorales, quienes, con ello, cancelaron toda posibilidad de convertir el triunfo digital de Felipe Calderón Hinojosa en una derrota política de su principal adversario, y en el fundamento de un gobierno aceptado y aceptable por el conjunto de los ciudadanos.
Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del foxismo, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. La última palabra de las instituciones fue una negativa a resolver la confrontación política más severa y preocupante que ha vivido el país en muchas décadas; con ello se formalizó la ruptura entre el poder público y un sector de la población movilizado ahora en contra de lo que percibe como una imposición, pero cuyos agravios son más añejos, extensos y profundos: es la expresión de los de abajo, de los marginados por el modelo económico imperante, de los excluidos de las decisiones, de los principales afectados por el vasto latrocinio gubernamental, de los discriminados, de las víctimas de la arrogancia del poder, de los nacos de siempre.
Ellos, ante el enorme juego de simulaciones puesto en marcha por los poderes político, empresarial y mediático, hoy más que nunca perciben como palabras huecas las frases oficiales del momento sobre institucionalidad, democracia, legalidad, legitimidad, equidad, transparencia y pluralismo. Razones les sobran, pero los órganos del Estado, a su vez, decidieron no escucharlas. Una vez más, han sido burlados.
Felipe Calderón Hinojosa fue declarado presidente electo. Cabe preguntarse ahora sobre qué bases podrá construir su presidencia.