Católicas por el Derecho a Decidir
28 de septiembre Día por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe

Durante el pasado 36° periodo de sesiones del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano reconoció haber incumplido con las Recomendaciones en materia de Derechos Reproductivos, emitidas el 23 de agosto de 2002 por ese organismo internacional.

En el marco del 28 de septiembre, desde Católicas por el Derecho a Decidir deseamos señalar esta omisión, misma que las organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentamos al Comité de Expertas y que fue retomada por éste, ya que a su juicio, aún no existen respuestas satisfactorias por parte del Estado Mexicano.

En su Sexto Informe Periódico presentado en noviembre de 2005, el gobierno mexicano obvió las Recomendaciones 36 y 37 de la CEDAW que lo exhortaron a adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y atender las necesidades de información de las adolescentes para evitar la mortalidad materna por aborto clandestino, pues omitió explicar qué medidas o programas efectivos ha tomado tendientes a reducir esta problemática. Según el gobierno —sin tomar en cuenta el subregistro de casos— mueren en promedio 96 mexicanas al año por esta razón. De éstas, el 55 por ciento tiene menos de 29 años y, en algunos estados, las adolescentes representan más de la tercera parte de las muertas por aborto, sin que se tomen las medidas necesarias para evitar que las mujeres continúen muriendo por esta causa.

En México, uno de los principales problemas que deben enfrentar las mujeres, es la falta de provisión de abortos legales y seguros. En contrasentido de la CEDAW, las legislaciones estatales solamente consideran el aborto legal y no punible en algunas circunstancias. Ante esta situación, el Comité de Expertas volvió a insistir sobre el tema en el cierre de la 36ª sesión, el 26 de agosto de 2006, al demandar la armonización de legislación sobre aborto a niveles federal y estatal, así como la instrumentación de mecanismos para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y al aborto seguro y legal.

Este 28 de septiembre, demandamos una vez más al Estado Mexicano que garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo a través de los sectores de salud y de procuración de justicia, que asegure la atención integral y de calidad por personal calificado en los hospitales públicos y que se proporcione capacitación continua a los servidores públicos que intervienen en este proceso.