Ningún ministro hizo suya la petición de investigar la violación del voto público
La elección presidencial es ya "hecho consumado", determina la Corte
Ninguno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo suya la petición ciudadana para "investigar de oficio" la presunta violación al voto público en las pasadas elecciones. Con esta decisión, el pleno cerró la puerta a cualquier inconformidad legal en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en razón de que "la calificación de la elección presidencial es un hecho consumado" y, por tanto, la petición quedó sin materia.
Después de que el tribunal electoral ratificó el triunfo del panista Felipe Calderón el pasado lunes, fue hasta ayer cuando el ministro presidente, Mariano Azuela, enlistó los recursos de reclamación (235/2006 y 252/2006), en contra de su decisión de desechar, por "notoriamente improcedentes", las peticiones de investigación por la presunta violación al voto público-en total fueron 14 las solicitudes (presentadas por más de 16 mil ciudadanos)-, lo que cerró en los hechos toda posibilidad para que hubiera un pronunciamiento del pleno sobre el tema.
De esta manera, por mayoría de ocho votos contra dos (el ministro Genaro Góngora salió de la sesión antes de que se votara el asunto), el pleno declaró improcedentes ambos recursos de reclamación. Sin embargo, en el marco de la discusión, los ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Góngora Pimentel cuestionaron que Azuela desechara de manera unilateral la petición, que era "de primera importancia y trascendencia social", en lugar de notificar al pleno sobre los recursos promovidos para que así los ministros decidieran qué hacer, sin la intervención previa del ministro presidente.
En este contexto, Góngora Pimentel adelantó que emitirá un "voto concurrente" sobre este asunto, "para exponer algunas reflexiones sobre la defensa de la democracia mediante el artículo 97 constitucional", en el que señalará que los ciudadanos peticionarios "sí tienen legitimación para solicitar al máximo tribunal que realice una investigación por la presunta violación del voto público, que no deriva del artículo 97 constitucional, sino del artículo 8 constitucional, que consagra el derecho de petición de todos los ciudadanos y la obligación de las autoridades de contestar".
Al igual que Cossío, Góngora le reprochó a Azuela que de haber resuelto el pleno ello habría servido para poner límite a la discrecionalidad del presidente de la Corte para desechar este tipo de peticiones ciudadanas.
Sin embargo, confiaron fuentes consultadas, una serie de acontecimientos impidieron que los ministros se pronunciaran sobre la petición planteada:
Que Azuela consintió que la magistrada ponente de uno de los recursos, Margarita Beatriz Luna Ramos, se tardara más de un mes -el asunto le fue turnado el 3 de agosto pasado- en resolver el recurso de reclamación, dando tiempo a que el tribunal electoral convalidara la elección y así el asunto quedara "sin materia" para la Corte; el segundo asunto fue turnado hasta el 17 de agosto pasado a Juan N. Silva Meza.
Que cuando 16 mil 806 ciudadanos pidieron a todos los ministros que hicieran suya la petición de revisar la elección presidencial, seis de ellos (Góngora Pimentel, Cossío, Luna Ramos, Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Juan Díaz Romero) contestaron que no emitirían un juicio, en razón de que estaba pendiente en aquel entonces un recurso de reclamación sobre el tema y que al momento de analizar éste fijarían su postura. Pero al haberse "retrasado" hasta el día de ayer el dictamen de los recursos, ya fue innecesario que los ministros tocaran el tema.
A sabiendas de que hubo ministros que en privado se quejaron de que Azuela había retrasado de manera deliberada el asunto, la ministra Luna Ramos señaló en la sesión que la investigación sobre voto público sólo puede ser por petición de uno de los integrantes del pleno, y que si algún ministro hubiera considerado plantear que se analizara tal posibilidad lo podía haber hecho en cualquier momento. Es decir, que no tenían que haberse esperado hasta ayer para fijar su postura.
Lo cierto es que de haber existido interés de algún ministro porque el pleno se pronunciara sobre el asunto, esto tenía que haberse hecho, cuando menos, antes del pasado lunes, fecha en la cual el tribunal electoral calificó la elección.