El día del crimen "recogieron" documentos de Villarreal
En la SIEDO, la investigación del caso de directivo de ISOSA
La investigación del homicidio de Francisco Obel Villarreal -ejecutado el pasado 29 de agosto en la ciudad de México- quedó en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Sin embargo, el esclarecimiento del caso ya enfrenta sus primeros obstáculos. De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el mismo día del asesinato, sus documentos y la computadora personal que tenía en su domicilio fueron "recogidos" por personas presuntamente ligadas con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA).
Fuentes gubernamentales revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá como líneas de investigación para aclarar el homicidio la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la comisión de delitos financieros por directivos de ISOSA.
El caso fue atraído de manera formal por la PGR la noche del miércoles, y aunque oficialmente el asunto sigue en análisis en la oficina del titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, se ha considerado que la ejecución de Villarreal tiene tintes de delincuencia organizada, vinculada con la comisión del delito de lavado de dinero, por lo que se podrían revisar diversos ejercicios fiscales de la empresa.
Tras la atracción del caso, fuentes gubernamentales revelaron que las autoridades capitalinas se enfrentaron con diversos obstáculos para avanzar en las indagatorias: un juez del fuero común negó la orden de cateo para revisar el domicilio de Francisco Villarreal, y cuando Anabel Barrera Castro, esposa del ex funcionario de ISOSA, compareció ante el Ministerio Público, les informó que todos los documentos en que podría haber datos de la compañía, así como la computadora personal de su marido, fueron sacados de su casa el mismo día del homicidio por personas que dijeron ser empleados de la empresa dedicada a actividades aduanales y de software.
Cabe mencionar que Villarreal se desempeñaba como director de operaciones de ISOSA, compañía a la que se atribuye haber obtenido más de 9 mil 200 millones de pesos por cobro de derechos aduanales, sin que fueran enterados al erario, situación por la cual en diversas ocasiones la Auditoría Superior de la Federación pretendió investigar sus finanzas, sin conseguirlo, ya que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trata de una empresa privada, a pesar de que fue constituida con recursos federales.
Precisamente, la PGR sustentó la atracción del caso al ámbito federal debido a que 99 por ciento de las acciones de ISOSA se constituyeron con capital de Nacional Financiera, en 1993, y uno de sus creadores es el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Por otra parte, este jueves, el titular de la procuraduría capitalina, Bernardo Bátiz Vázquez, reveló que en el oficio que les envió la PGR para atraer el asunto no se citan los argumentos para tal medida. "Las dos posibilidades que deben haber considerado, aunque no las expresan textualmente en el oficio, son: que el arma es de alto calibre -9 milímetros- y que estuvo involucrada algún tipo de delincuencia organizada".
Entrevistado ayer por la mañana en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Bátiz Vázquez reveló que por la tarde del miércoles recibieron un correo electrónico en el que solicitaban la atracción, pero decidieron "no entregarlo" hasta recibir el "oficio debidamente firmado", el cual llegó por la noche a las instalaciones de la PGJDF.