Se les puede acusar de "omisión legislativa", advierte el fiscal general Herrán Salvatti
Amaga el gobierno de Chiapas con procesar a diputados faltistas del PRI
La ausencia de legisladores, para no aprobar ley que "daría impunidad" a Pablo Salazar
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Mariano Herrán Salvatti, durante la conferencia en la que anunció que podrían iniciarse procesos penales contra diputados priístas
Foto: La Jornada
Tuxtla Gutierrez, Chis., 7 de septiembre. El fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti, advirtió que podría iniciarse un proceso judicial contra los legisladores locales del PRI si se mantienen en su postura de no asistir a las sesiones hasta que el gobernador del estado retire la iniciativa de ley de acceso a la información pública, pues, aseguran, está diseñada para "crear condiciones de impunidad" en favor del titular del Ejecutivo, quien dejará el cargo el 8 de diciembre.
A petición ya sea del gobernador Pablo Salazar, de las demás fracciones legislativas o incluso de los ayuntamientos, los 14 legisladores podrán ser sujetos de desafuero, juicio político e incluso de sanciones de carácter penal por el delito de "omisión legislativa" en caso de que no acudan a aprobar las importantes reformas pendientes, dijo el fiscal, y los llamó "a retomar el camino de la legalidad".
Roberto Ortiz Gutiérrez, coordinador de la bancada del PRI, calificó a esta declaración de intento de "avasallar al Legislativo, en particular a la fracción del PRI. Es una medida de presión". Explicó que la iniciativa de ley a la que se oponen establece que será el titular del Poder Ejecutivo quien designe a los integrantes de instituto que regulará el acceso a la información pública.
Aprobarla en los términos actuales "significa que cualquier solicitud de información que comprometa o cuestione la administración de Pablo Salazar será negada", dijo.
Explicó que los 14 diputados priístas determinaron no asistir a la sesión del miércoles pasado, y en esta postura se mantendrán "hasta que se saque de la agenda la ley de acceso a la información".
Herrán Salvatti explicó que una iniciativa de urgente aprobación es la de la ley que crea el sistema integral de justicia para menores, que en el ámbito federal entró en vigor el 12 de marzo y, según quedó establecido, las entidades debieran aprobar leyes locales en la materia en un periodo no mayor de seis meses.
A cinco días de cumplirse este plazo, y de no aprobarse la ley local, "las instancias de procuración y administración de justicia en materia de menores se encontrarán imposibilitadas de aplicar justicia en esa materia y se generaría un manto de impunidad", señaló.
Acompañado de cuatro diputados, Ortiz Gutiérrez se refirió a este tema y dijo que el acuerdo de su bancada es aprobar la ley y otras cinco iniciativas pendientes, "menos la de acceso a la información pública, porque está formulada claramente al gusto del Ejecutivo".
Demanda PRI a consejeros electorales
El Comité Directivo Estatal del PRI presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Electoral del estado contra ocho de los nueve consejeros del Instituto Estatal Electoral, a quienes acusa de entregar "ilegalmente" la constancia de mayoría a Juan José Sabines Guerrero, que lo acredita como gobernador electo.
Roberto de los Santos, representante jurídico del PRI, explicó que los consejeros violaron los artículos 263 y 264 del Código Estatal Electoral al no haber desahogado las impugnaciones que presentó la alianza PRI-PVEM antes de validar la elección.
En otro ámbito, el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Sergio Lobato, dijo que la dirigencia del PRI no le ha notificado de la suspensión de sus derechos políticos por haber apoyado a Sabines Guerrero, candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
"Soy priísta, conozco mis derechos, sé de las instancias legales y si en su momento se me llegara a notificar alguna sanción acudiré a ellas para defenderme", afirmó.