Retienen horas a funcionario por golpear a menor miembro de la asamblea popular
Integrantes de la APPO chocan con empleados del gobierno de Oaxaca
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Dos agentes de tránsito de Oaxaca son sometidos por miembros de la APPO tras ser acusados de apoyar agresión a un menor
Foto: Blanca Hernández
Oaxaca, Oax., 7 de septiembre. La llamada "brigada móvil" del magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) retuvo hoy durante varias horas a Andrés Quevedo Martínez, empleado de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci) -al parecer secretario particular del titular, Lino Celaya Luría-, luego de que el grupo ingresó en oficinas de la dependencia.
La "brigada móvil" -grupo que recorre la ciudad clausurando oficinas gubernamentales y pintando consignas- y algunos trabajadores se enfrentaron luego de que Giovanni Contreras, de 16 años, brincó un muro y entró en esas instalaciones, donde fue golpeado por Quevedo Martínez, lo que detonó la ira de maestros y miembros de la APPO, quienes a patadas abrieron la puerta y tundieron al funcionario.
Inicialmente, el grupo arribó al lugar y desde afuera pidió al personal que se encontraba en las oficinas -entre ellos Celaya Luría- desalojar las instalaciones, pero no hubo respuesta. Entonces el menor se brincó y pretendió abrir la puerta para que sus compañeros entraran.
De acuerdo con versiones de integrantes de la brigada móvil, Quevedo, quien se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, golpeó a Contreras con apoyo de otros dos funcionarios.
Como respuesta, miembros de la brigada golpearon a Quevedo y le arrojaron pintura verde en el rostro y la ropa. Dos agentes de la Dirección de Tránsito del Estado fueron también retenidos y dejados en libertad minutos después.
Celaya Luría no fue retenido porque la brigada puso más atención a la detención del agresor, y cuando pretendieron capturarlo, el funcionario había salido de las instalaciones.
Quevedo Martínez fue amarrado de la cintura y llevado a la Plaza de la Constitución, donde fue "exhibido" al pueblo desde el kiosco.
Ahí declaró a la prensa ser abogado, estar asignado al Departamento Jurídico de la Seproci y tener 31 años. También aceptó haber golpeado al menor de edad. "Llegaron a invitarnos a que saliéramos. No quisimos abrir, entró el muchacho y, pues, pasó lo que pasó, por el estrés", señaló.
Por la tarde, Quevedo Martínez fue entregado por la "brigada móvil" a una ambulancia de la Cruz Roja, que lo trasladó a un hospital privado para ser atendido.
Además de la Seproci, la brigada del movimiento magisterial y popular clausuró más de una decena de oficinas de diferentes dependencias.
En un comunicado, el gobierno del estado manifestó su preocupación "por los hechos violentos, constitutivos de delitos", cometidos "por grupos radicales que, escudándose en la APPO, pretenden obstaculizar la construcción de acuerdos en
la mesa para resolver el conflicto" en la Secretaría de Gobernación.
Ante la "intolerancia y la cerrazón", subrayó, la administración estatal "oferta prudencia y diálogo a fin de que el esfuerzo de Gobernación y la voluntad política de los participantes en la mesa de negociaciones permita una pronta solución del conflicto, con el propósito de que la vida ciudadana recupere su normalidad".
Regreso de militares a cuarteles, exigen
En tanto, la plenaria de la APPO acordó exigir a Gobernación el regreso "inmediato" del Ejército Mexicano a sus cuarteles, ante la instalación de retenes en carreteras y la incursión en pueblos de la sierra Norte, "ya que su presencia responde al incremento de la represión a los dirigentes sociales y a las comunidades que se han distinguido por su lucha".
A su vez, la organización católica canadiense de solidaridad internacional Desarrollo y Paz manifestó su "profunda preocupación" por la "violencia que se vive en el estado".
Desde el 22 de mayo maestros de Oaxaca ocupan la plaza central de la ciudad para pedir el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, pero tres meses después "el balance de lo que se desarrolló como un conflicto social nos indica que la sociedad civil oaxaqueña pagó un precio alto con la muerte de cinco personas, además de varios heridos y detenidos", señaló.
En una carta dirigida al presidente Vicente Fox, Michael Casey, director ejecutivo del organismo civil, expresa "preocupación porque las futuras operaciones armadas contra manifestantes puedan dar lugar a violaciones de derechos humanos, en contra de las normas internacionales".