Editorial
Instituciones cerradas
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer, por ocho votos contra dos, desechar en forma definitiva las peticiones ciudadanas para que investigara las violaciones al voto público en los comicios del pasado 2 de julio. Tales demandas se fundamentaron en el artículo 97 constitucional, que faculta al máximo tribunal a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
La determinación de ayer era previsible, no sólo por la conocida sumisión al Ejecutivo con que se ha desempeñado el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, sino porque, a mediados del mes pasado, este magistrado declaró que el precepto constitucional referido era, a su juicio, "totalmente anacrónico, obsoleto" y que había sido "redactado con los pies".
Al margen del espectáculo deplorable que ofreció el titular del Poder Judicial al expresarse de la Carta Magna en tales términos, resultaba evidente, desde entonces, que el máximo tribunal del país habría de lavarse las manos ante el conflicto poselectoral en curso. Ayer, la mayoría de los ministros del pleno alegaron que los ciudadanos que presentaron las solicitudes carecían de legitimación para ello, pues el texto constitucional señala que la facultad de la SCJN para investigar violaciones al voto público ha de ejercerse "de oficio".
Lo cierto es que el fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la comisión de irregularidades y violaciones legales en las conductas del Presidente de la República y de cúpulas empresariales y que, pese a todo, la Suprema Corte decidió lavarse las manos y abstenerse de intervenir, así hubiese sido de oficio, en un conflicto que ha rebasado al conjunto de las instituciones y que constituye una grave amenaza para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz en el país. Así, el máximo tribunal se hizo corresponsable junto con la Presidencia, el Instituto Federal Electoral, el propio TEPJF, los capitales privados y la Cámara de Diputados, cuyas bancadas panista y priísta entregaron ayer mismo a Felipe Calderón el bando solemne que lo califica como presidente electo del callejón sin salida en que se encuentra la vida política de la nación y de la fractura ciudadana que quedó como saldo del desaseado y dudoso proceso electoral de julio.
Con la determinación de la SCJN se cerró el último de los canales institucionales por el que habría podido encauzarse la confrontación.
El grupo en el poder afirma ahora, en todos los tonos que puede, que el movimiento ciudadano articulado en torno de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador pretende una rendición de las instituciones y que éstas le entreguen, sin más, al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos la jefatura del Estado. Tal argumento es una más de las distorsiones habituales en el discurso oficial, en el que casi todos los asuntos de la vida nacional aparecen, por lo demás, distorsionados y adulterados. Lo que verdaderamente ha venido pidiendo ese movimiento, y que encuentra eco en amplios sectores de la población, es la vigencia de mecanismos de impugnación y de corrección de los defectos en las decisiones de los organismos electorales.
La absurda negativa del TEPJF a recontar los sufragios emitidos el 2 de julio dio la razón a los opositores, y esa razón se confirma, ahora, con el portazo en las narices que recibieron en la SCJN. México padece instituciones que emiten fallos inapelables, que se cubren las espaldas unas a otras y que conforman, en conjunto, no un sistema de contrapesos, sino una red de complicidades que decretó la inexistencia de cuando menos un tercio de la ciudadanía y ahora pretende que no ha pasado nada.