Tribunal electoral y convención
El tribunal electoral no hizo sino confirmar el fraude electoral, cayendo además en contradicciones. Primero, legaliza, con diversos pretextos que nada tienen que ver con los hechos ocurridos. Varios de estos hechos fueron grabados o filmados, o bien asentados en las actas del propio tribunal: exceso de boletas, que implica que las urnas fueron rellenadas, evidentemente con votos en favor del candidato de la derecha; robo de votos, en su mayoría en favor de López Obrador, de los cuales algunos aparecieron después en basureros u otros sitios, y en otros casos sobres de boletas de voto abiertos ilegalmente. Debieron haberse anulado miles de casillas por estos motivos. En el caso de urnas rellenadas, inclusive hay jurisprudencia del propio tribunal. Con sólo este último caso, el total de casillas anuladas era suficiente para dar la victoria a López Obrador.
Lo más reciente en este sentido fue la evaluación acerca de si las irregularidades relacionadas con el asunto justificaban la anulación de las elecciones. El tribunal dice que las declaraciones del Presidente en el proceso "se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección". Reconoce la ilegalidad de los espots del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y también los del PAN, aunque creo que no usaron el término guerra sucia que se utilizó en el lenguaje común. En los casos en que la hubo, la "sanción" no pasó de una amonestación, es decir, sólo un regaño.
Para tratar de diluir el efecto de estas medidas en la afectación del número de votos por López Obrador, el tribunal dice que éstos fueron afectados también por el lenguaje que éste usó y por no haber participado en el primer debate. La baja en las encuestas se refleja antes del primer debate.
Los puntos de ventaja de López Obrador sobre Calderón que marcaban las encuestas en los primeros meses de 2006, eran de ocho a diez. La encuesta de salida del día de la elección, equiparable a las mencionadas por una de las mismas, fue de 2.5 por ciento. Si de los primeros porcentajes tomamos el promedio, que nos resulta 9 por ciento, en ese periodo la ventaja de López Obrador se redujo en 6.5 por ciento. Recordemos que la ventaja de Calderón en los datos oficiales fue de poco más de 0.5 por ciento. Aun si la intromisión presidencial en las elecciones, la guerra sucia y las intervenciones ilegales del CCE, sumadas, contaran sólo en una tercera parte en la baja de López Obrador en las encuestas mencionadas, sería más del triple que la diferencia oficial de votos entre ambos candidatos, o sea, que esos actos negativos alteraron sustancialmente el resultado de la elección. Visto desde otro ángulo, la "ventaja" de Calderón, según los datos oficiales, fue de dos votantes por casilla. ¿Acaso esos tres factores negativos sumados no pudieron hacer cambiar su voto hacia la derecha a más de dos votantes por casilla? En el artículo 41 de la Constitución se requieren en las elecciones las condiciones de "certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad" como principios rectores. O sea, no hablamos ahora de mostrar el triunfo de López Obrador, que se desprende de estos datos, sino la falta de certeza del supuesto triunfo de Calderón en esas circunstancias. Esta falta de certeza llevaría a la anulación de las elecciones. Claro, el tribunal no lo hizo.
Otro factor que llama la atención. Este mismo tribunal, cuando declaró nulas las elecciones de gobernador en dos estados, lo hizo por votación dividida. O sea, sin las presiones o posibles ofertas de esta ocasión en que había tantos intereses involucrados, expresaron distintas posiciones y, en ambos casos, anularon las elecciones. Ahora, desde el principio de la actuación del tribunal, todas las votaciones fueron unánimes, a pesar de que había cuestiones a decidir de las cuales por lo menos algunas eran bastante complicadas, inclusive la posible anulación de las elecciones.
La alternativa está a la vista: la convención nacional democrática. Uno de los puntos que más claramente juegan un papel positivo es el programa, que se ve que tendrá no sólo elementos políticos y económicos, sino, de manera mayor que durante la campaña electoral, sociales. Numerosos sectores se están reuniendo, consensuando sus demandas y preparando propuestas derivadas de ellas para llevarlas a la convención.
La convención se dará en un contexto complicado. La izquierda tiene ya, en el marco legal vigente, muchos legisladores, varios gobernadores -a los que podría agregarse, el mes próximo, el de Tabasco-, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y numerosos presidentes municipales. Fue la combinación entre la gente en el Zócalo, los legisladores en San Lázaro y una dosis de astucia, lo que permitió que el Presidente, por primera vez, no leyera su discurso, sino sólo entregara, como dice la Constitución, su Informe por escrito. Además, hay sindicatos democráticos y otras organizaciones sociales de las cuales por lo menos una parte actúa en el marco legal vigente.
Un primer propósito de la convención es, obviamente, la sobrevivencia. Al mismo tiempo debe ser concebida para actuar en el largo plazo: ese sistema lleno de corrupción y de privilegios no se va a superar fácil ni rápido. De ahí que, por ejemplo, se proponga que la convención se reúna cada seis meses. El fortalecimiento progresivo es el que puede permitir avances cada vez mayores. Por otro lado, si la convención da lugar a un gobierno, dado que se trata de un movimiento pacífico, hay un elemento: que este gobierno, a diferencia de los otros, no tendría fuerzas armadas. Como vemos, hay varias singularidades en esta situación.
Es deseable que lo que se derive de la convención tenga, también, un aspecto productivo. Una parte del programa en esta área podría traducirse en hechos, como sucedió en su momento, por ejemplo, con la Cooperativa Pascual.
Se trata de un movimiento de resistencia, incluyendo la oposición a medidas desnacionalizadoras, pero, a estas alturas, también lo es de solución de problemas y de construcción de una nueva realidad.