La CEDH documenta casi 700 casos en su gestión
La tortura se desbordó en Jalisco con Ramírez Acuña
Con mano dura garantizó la paz en el estado, dice la IP
Ampliar la imagen Ramírez Acuña Foto: Francisco Olvera
Guadalajara, Jal., 11 de septiembre. El gobernador Francisco Ramírez Acuña, a quien empresarios y panistas impulsan para que sea secretario de Gobernación en el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa (por sus "habilidades de negociación"), es acusado de tortura en 700 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lo que lo convierte en el mandatario estatal con el mayor número de recomendaciones recibidas.
Su pináculo ocurrió en mayo de 2004, durante la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, cuando encarceló a un centenar de altermundistas que se manifestaban contra las políticas neoliberales, elogiadas en esa reunión. Luego se comprobó que la mitad de los detenidos fueron torturados, lo que generó que las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así como Amnistía Internacional, emitieran recomendaciones.
Ramírez Acuña se negó a cumplirlas con el argumento de que los policías involucrados -premiados posteriormente en ceremonia pública- actuaron con "valentía y apego al derecho".
Este fin de semana, la CEDH giró una recomendación sobre siete casos de tortura contra igual número de personas. Los hechos involucran a 45 servidores públicos, en su mayoría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La "mano dura" de Francisco Ramírez ha sido exaltada por sus promotores. "Nadie puede negar que mantuvo a Jalisco en paz durante seis años", señaló Eduardo Rosales, presidente estatal del PAN. En términos similares se expresó la iniciativa privada local, que durante la visita a Jalisco de Felipe Calderón, a fines de agosto, exigió prácticamente al presidente electo que se incluya al gobernador en el proyecto sexenal.
Ramírez Acuña ha sido implicado en casos de tortura desde que era alcalde de Guadalajara (1998-2000). Entonces se documentó que su jefe policial, Enrique Cerón Mejía, participó en un acto de salvajismo extremo, al introducir un tolete en el ano de un detenido.
Mientras se define si el mandatario concluye su gestión en febrero de 2007 o es nombrado secretario de Gobernación, la CEDH ha recibido 700 denuncias por tortura, la mayoría en contra de la PGJE.
Los siete del adiós
El presidente de la CEDH, Carlos Manuel Barba García, resaltó la importancia de que las autoridades encargadas de procurar justicia en Jalisco reconozcan la existencia de la tortura y apliquen las acciones necesarias para desterrar los "métodos de investigación inquisitoriales, reprobables y prohibidos".
La recomendación 6/06 denuncia violaciones a los derechos de libertad, integridad y seguridad personal de siete personas y se solicita al procurador, Salvador González, investigar a 45 funcionarios por los probables delitos de tortura, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
También se piden sanciones administrativas contra los implicados: 37 policías investigadores, cinco agentes del Ministerio Público, dos secretarios y un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien emitió un parte médico con datos falsos.