Las grabaciones telefónicas, sin validez legal como pruebas, argumenta ministro

Proyecto de dictamen exonera a Marín de violar garantías de Lydia Cacho

Lo avalarían Mariano Azuela y otros cuatro magistrados, afirman fuentes oficiales

JESUS ARANDA

El proyecto de dictamen elaborado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro, exonera al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de la acusación de violación grave a las garantías individuales de la periodista y escritora del libro Los demonios de Edén.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, el documento sostiene que el gobernador poblano no incurrió en responsabilidad alguna y que, al menos, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -el presidente Mariano Azuela, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo- están de acuerdo con el proyecto que se espera sea presentado al pleno para su discusión la próxima semana.

De esta manera, cinco meses después de que el pleno de ministros aprobó por mayoría de seis votos investigar la presunta violación grave de las garantías individuales de la periodista, la SCJN estará en condiciones de resolver el asunto.

Cabe señalar que en abril pasado la Corte designó a los magistrados de circuito Oscar Vázquez Marín y Emma Meza Fonseca para que, con base en el artículo 97 constitucional, establecieran si hubo una acción concertada de autoridades poblanas, empezando por el gobernador, para violar los principios de división de poderes y federalismo.

Para que el pleno tomara la decisión de ejercer su facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional, los ministros tomaron en cuenta la solicitud formal de las cámaras de Diputados y de Senadores, que demandaron la intervención de la SCJN, a partir de la revelación de una conversación telefónica en la que se escucha a Mario Marín y al empresario Kamel Nacif planear la detención de la periodista -ocurrida en Cancún.

Uno de los argumentos centrales de la comisión de magistrados -quienes entregaron su informe al ministro Ortiz Mayagoitia para que elaborara el dictamen- para descalificar las imputaciones contra el gobernador Mario Marín; la procuradora estatal de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez; José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, los policías judiciales que arrestaron y trasladaron a la periodista desde Cancún hasta Puebla, y la agente del Ministerio Público, Rosa Aurora Espejel, quien no notificó a la informadora que se seguía una investigación en su contra, fue que las grabaciones telefónicas habían sido obtenidas ilícitamente y, por tanto, no podían ser consideradas como pruebas.

Este argumento, según fuentes judiciales consultadas, carece de validez porque el ejercicio de facultad de atracción de la Corte no constituye en sí un proceso judicial, en el que se puedan desechar pruebas que no tengan respaldo legal. Más bien, comentaron, parece un pretexto para favorecer a un gobernador priísta en un asunto que de entrada fue sumamente controvertido entre los ministros.

Además, comentaron, ¿cómo es posible que Ortiz Mayagoitia haya sido el ministro encargado de elaborar el proyecto, cuando él se opuso inicialmente a que la Corte atrajera el asunto?

Precisamente, los ministros que se oponían a que la SCJN investigara fueron el presidente Mariano Azuela Güitrón, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Guillermo Ortiz Mayagoitia, (Aguirre Anguiano estuvo ausente de la sesión); mientras Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, José Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza, Ramón Cossío Díaz y Juan Díaz Romero lograron que el máximo tribunal asumiera su responsabilidad.

Precisamente, comentaron las fuentes consultadas, la defensa legal de Mario Marín se abocó a la tarea, una vez que conoció el proyecto de dictamen favorable al gobernador poblano, a "convencer" a los "ministros duros" para que se sumen a la exoneración.

Entre estos ministros "duros", los funcionarios ubicaron a Góngora Pimentel, Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes han mantenido una actitud sumamente consecuente contra la violación a las garantías individuales.