En seis estados aún no entra en vigor la nueva legislación penal

Detecta la CNDH graves violaciones a derechos de adolescentes recluidos

VICTOR BALLINAS

Ayer, al entrar en vigor las reformas en materia de justicia para adolescentes, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó violaciones por omisiones a los derechos de los adolescentes, que van desde aquellos que no cometieron delitos graves, hasta los menores que pueden ser tratados en libertad y siguen detenidos.

Soberanes Fernández abundó que "seis estados aún no cuentan con la nueva legislación penal; en otras 23 entidades se deben construir más centros para atender a adolescentes, ya que sólo tienen uno y eso dificulta su convivencia familiar".

Destacó, en conferencia de prensa, que en el país hay 55 centros para la atención de los menores, en los que están 4 mil 478 recluidos. De ese total, 4 mil 232 son hombres y 246 mujeres. Los adolescentes internos, comentó, representan 2.1 por ciento de la población nacional de adultos detenidos.

Otras de las violaciones a los derechos humanos de los menores detectados es que "en centros de reclusión de Sinaloa y Durango se encuentran en calidad de abandonados adultos con trastorno mental, y es necesario que las autoridades competentes tomen medidas para trasladarlos a la institución que cuente con los servicios necesarios que requiere su discapacidad".

Asimismo, pidió a los congresos de Chiapas, estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Yucatán "agilizar los trabajos legislativos necesarios, con la finalidad de aprobar a la brevedad posible la nueva normatividad".

Tales omisiones "contravienen lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la materia, ratificados por el país".

La CNDH presentó ayer 13 observaciones a los estados y a la federación para que subsanen las omisiones. Los estados de Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora "deben agilizar las gestiones para liberar a 45 menores de 14 años que permanecen internos, que puedan ser tratados en libertad, y no deben volver a ingresar a adolescentes en estas condiciones".

Refirió que en Baja California Sur, Michoacán y Nuevo León, las autoridades deben agilizar los procedimientos para dejar libres a seis adolescentes recluidos por faltas administrativas.

Abundó que en Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, las autoridades de prevención social deben agilizar los procedimientos para liberar a 32 adolescentes que no cometieron conductas antisociales graves.

En Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los responsables de ejecución de sanciones deben realizar las gestiones para trasladar legalmente a mil 953 menores de 18 años, recluidos en centros para adultos.

De igual forma, el ombudsman destacó que los 15 estados referidos arriba deben implementar medidas de seguridad en los centros para menores, para que estén en condiciones de albergar a los internos provenientes de los penales para adultos.

Soberanes detalló que, además, en 17 estados se debe analizar la posibilidad de construir más centros distribuidos geográficamente para el internamiento de adolescentes, porque hoy se interrumpe la continuidad familiar por las distancias que recorren sus parientes para visitarlos.

En el caso del Distrito Federal señaló que debe acelerar el proceso para la posible transferencia de personal, internos, instalaciones y recursos por parte del gobierno federal al de la capital, para la cabal operación del sistema de justicia para adolescentes.