El gobernador de Puebla fue indebidamente excluido de las pesquisas
Ordenará la SCJN otra investigación para el caso de Lydia Cacho Ribeiro
La grabación telefónica no es una prueba legal, pero se usará como referencia
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Los magistrados Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel
Foto: Cristina Rodríguez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a ordenar que funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) realicen una nueva investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y de otras autoridades de esa entidad, con la posibilidad de que la segunda indagatoria incluya revisar si detrás de la supuesta confabulación de servidores públicos estatales contra la comunicadora está la protección a presuntos pederastas y a una red de pornografía infantil que opera en Cancún, Quintana Roo, con vínculos en el extranjero.
El máximo tribunal del país inició ayer la discusión del tema, ante la presencia de diez ministros -estuvo ausente Olga Sánchez Cordero, quien se encuentra de vacaciones-, pero dejo pendiente, para este martes, determinar si ordena que se efectúe una nueva investigación y se designe a la comisión del PJF que encabezará las pesquisas.
Durante la sesión, cinco ministros se pronunciaron a favor de que sea desechado el proyecto de resolución elaborado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, a fin de que se lleve a cabo una nueva investigación, pues en la que realizaron los dos magistrados federales nombrados el 18 de abril pasado (Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín) no se indagaron posibles responsabilidades del gobernador poblano.
Este martes emitirán su postura sobre el caso los ministros Margarita Luna Ramos, Juan Díaz Romero y el presidente de la Corte, Mariano Azuela, mientras que la posición de Sánchez Cordero quedará pendiente porque se reincorpora hasta la semana próxima.
El dictamen del ministro ponente refiere que no hay elementos suficientes para considerar que hubo violaciones graves a los derechos humanos de la comunicadora, antes, durante y después de su detención en diciembre de 2005, cuando fue capturada en Cancún y de inmediato trasladada a un penal de Puebla.
Como resultado de la investigación que realizaron los magistrados Meza y Vázquez se detectaron algunas irregularidades en la integración de la averiguación previa y en el inicio del proceso penal contra la comunicadora, aunque no son evidencia de una acción concertada que la perjudique.
Después de una discusión inicial, los ministros Juan Silva Meza, Sergio Vals Hernández, José Ramón Cossío y Genaro David Góngora Pimentel se manifestaron a favor de la propuesta de su compañero José de Jesús Gudiño, quien se pronunció en el sentido de realizar una investigación más exhaustiva.
"El gobernador de Puebla fue excluido indebidamente de la investigación", puntualizó el ministro, quien consideró que lo conveniente es que se le indague a partir de hipótesis planteadas con base en las llamadas telefónicas que sostuvo con el empresario textilero Kamel Nacif.
Durante la discusión, los ministros Góngora, Silva Meza y Cossío indicaron que el origen del proceso contra la periodista es la denuncia de una red de pederastia y prostitución infantil, que fue denunciada en el libro Los demonios del Edén.
La mayoría de los ministros coincidieron en que las llamadas telefónicas que fueron difundidas por La Jornada en febrero pasado, probablemente se obtuvieron de manera ilegal, lo cual impide que sean tomadas como prueba.
Sin embargo, precisaron que eso de ninguna manera prohíbe que la nueva comisión que se pretende formar las utilice como referencia para investigar a Mario Marín, pues se trata de un ejercicio jurídico "extraordinario" que busca la "verdad jurídica de los hechos", no es "un proceso jurisdiccional" que procure castigar a las autoridades que resulten responsables.
La postura que más llamó la atención durante la sesión fue la del ministro Juan Silva Meza, quien indicó que más allá de la importancia que tiene la supuesta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, están las posibles afectaciones a los derechos humanos de los menores de edad que son mencionados en el libro Los demonios del Edén.