Presentan informe elaborado por la legislatura pasada; critican permisividad

La ley de juegos favorece los centros clandestinos de apuestas: diputados

La falta de control los hace centros ideales para el lavado de dinero y la evasión fiscal

CIRO PEREZ SILVA

La permisividad en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, emitida en septiembre de 2004, favorece la proliferación de centros clandestinos en todo el país que operan máquinas tragamonedas, además de que deja al descubierto la protección para los propietarios por parte de las autoridades federales y locales, advierte el informe final de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento elaborado por los legisladores, la laxitud de la ley permite operar a dichos centros con un amparo, mientras que la falta de control los hace puntos ideales para la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude.

En el texto, los legisladores "invitan" a la autoridad competente "a que, de una vez por todas, se elaboren los peritajes o normas oficiales (...) que permitan establecer con certeza cuando una máquina es para juegos de azar y cuando no lo es, con el objeto de eliminar la posibilidad de que estas empresas ilegales logren los amparos" que les permiten dar este servicio, a pesar de que existen litigios en favor del propio gobierno mexicano, en el que se establece que una máquina debe ser considerada de azar, y por tanto sujetarse plenamente a la ley mencionada, cuando incorpore "un mínimo de aleatoriedad", advierten los legisladores al citar el juicio México contra Thunderbird Gamming Co.

La Comisión Especial de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura se refiere al otorgamiento por parte de la Secretaría de Gobernación de siete polémicos permisos para la operación de 198 salas de sorteos de números (bingos) y centros de apuestas remotas (books) adicionales a los ya existentes, superando con ello lo autorizado por todas las administraciones anteriores.

Además de las irregularidades del cuestionado reglamento de Juegos y Sorteos y la controversia constitucional aún no resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho informe toca un tema que probablemente representa "el mal mayor" y que hasta la fecha las autoridades "han insistido en ignorar y minimizar", es decir, el juego ilegal, en particular de las máquinas tragamonedas que no se reconocen como juegos de azar.

"Trabajan con la argucia legal de operar máquinas de habilidad y destreza o videojuegos, apoyándose en peritajes tramposos, y a falta de una defensa efectiva por parte de la Secretaría de Gobernación ante los tribunales, obtienen a final de cuentas los amparos que les permiten operar o simplemente abusan de las figuras legales como la suspensión, mientras obtienen cantidades exorbitantes de dinero que posteriormente utilizan para corromper a las autoridades", mencionaron los diputados responsables de elaborar el informe.

Los centros clandestinos que las operan han proliferado "de manera alarmante" en todo el territorio nacional, y en muchos casos ha quedado al descubierto que estos negocios cuentan con el respaldo y la protección de autoridades federales y locales, sostiene el texto.

Destacan que "el problema de estos negocios, entre otros, es que dejan de aportar al fisco importantes cantidades de dinero por concepto de impuestos por no estar regulados por las autoridades, además de que los usuarios que asisten engañados a estos establecimientos no cuentan con ninguna protección ni garantía".

La presunción de los legisladores es que al quedar fuera del control por parte de la Secretaría de Gobernación, estos negocios son utilizados y manejados por organizaciones criminales nacionales e internacionales, para el lavado de dinero, fraudes y todo tipo de males que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, "y puede alcanzar niveles tan poderosos y dañinos como el mismo narcotráfico o el secuestro".

Los legisladores subrayan "la falta de consideración" de la Secretaría de Gobernación a los reiterados llamados del Congreso para transparentar la actuación en materia de juegos y sorteos, y hacen votos porque la 60 Legislatura, que recién inicia funciones, tome como base para los subsecuentes trabajos de investigación los resultados mencionados en el informe final de la comisión especial.