Urge reforma para hacerla valer: funcionaria de Prosoc
Letra muerta, la Ley de Régimen Condominal
Prevalece el desorden en unidades habitacionales, señala
A pesar de que 70 por ciento de los capitalinos viven en unidades habitacionales, pocos conocen la Ley de Régimen Condominal para el Distrito Federal, y por ende carecen de representantes legales que les permitan organizarse, administrar los conjuntos y garantizar una sana convivencia. Esto, genera los conflictos que se viven actualmente en la mayoría de esos lugares.
Así lo aseguró la subprocuradora de Capacitación y Fomento a la Cultura Condominal de la Procuraduría Social (Prosoc), Elsa Marín Hernández, quien consideró que en esa problemática mucho tienen que ver las empresas inmobiliarias, las cuales con una lógica mercantilista sólo entregan los departamentos y luego dejan "botados" a los condóminos, quienes desconocen cómo actuar bajo ese régimen habitacional.
En entrevista, la funcionaria precisó que la ley es clara en el sentido de que las inmobiliarias tienen que nombrar al primer administrador, quien durará en su cargo un año, tiempo en el cual deberá convocar a los vecinos para establecer la asamblea de condóminos, misma que se encargará de la administración general.
Sin embargo, afirmó, "muy pocas constructoras o inmobiliarias" nombran al primer administrador o informan a los nuevos condóminos cuáles son sus derechos y responsabilidades al habitar una vivienda bajo ese régimen. Es decir, en la mayoría de los casos esas empresas privadas hacen caso omiso a lo que les impone la Ley Condominal.
"Por eso nos encontramos con unidades habitacionales nuevas, que a los 15 días de entregar los departamentos ya tienen las famosas tienditas, o cajones de estacionamiento convertidos en talleres mecánicos, de pintura o herrería, o bien casas que se extienden hasta las áreas comunes".
Las inmobiliarias, agregó Elsa Marín, tienen el deber de informar a los residentes, desde el principio, las restricciones legales que se tienen cuando se vive en un condominio, para que sepan qué está prohibido y qué permitido.
Por ejemplo, dijo, los habitantes de las unidades deberían estar enterados de que no pueden modificar el uso de suelo para poner negocios, pues es exclusivamente de tipo habitacional, no comercial; también, en los cajones de estacionamiento llegan a meter hasta dos autos, e incluso hay casos en que ponen microbuses o cajas de tráiler.
"Con ese panorama, la convivencia entre los condóminos se empieza a deteriorar, porque se da una invasión de áreas comunes, no se pagan las cuotas de mantenimiento, falta participación de los vecinos, empiezan a surgir cacicazgos y todo se complica", añadió la funcionaria.
Subrayó que lo que mueve principalmente a las inmobiliarias es vender los departamentos, y lo demás ya no les importa. No obstante, reconoció que la actual legislación en esa materia no prevé ninguna sanción para las constructoras, y por eso hacen lo que quieren. Frente a esta problemática, la subprocuradora pidió el apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para impulsar los cambios que exige la realidad actual en las unidades habitacionales.
"La ley debe ser reformada para que las dependencias públicas -locales y federales- trabajemos de manera coordinada, y no que unos hagan un esfuerzo por un lado, y otros por el otro lado", y se establezcan sanciones para las inmobiliarias que sean omisas en el cumplimiento de la ley, y se les imponga la obligación de trabajar conjuntamente con la Prosoc para que los condóminos conozcan la ley y la acaten.