Acción de inconstitucionalidad interpuesta por tres partidos contra reformas en Yucatán
Discute la Corte recurso que abriría la puerta a candidaturas independientes
Sólo grupos civiles e institutos políticos pueden proponer funcionarios electorales en la entidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó ayer la discusión de una acción de inconstitucionalidad que interpusieron tres partidos políticos contra diversas modificaciones a la Constitución y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, cuyo caso dejará precedente a escala nacional, ya que, entre otras cosas, se prevé la figura de las candidaturas independientes, la creación de nuevas reglas para la asignación de diputados de representación proporcional y el incremento de 1.5 a 2 por ciento de votos que debe obtener un partido en una elección estatal para poder conservar su registro.
Después de superar una profusa discusión sobre cuestiones de procedibilidad, entre ellas la supuesta falta de legitimidad de los partidos que iniciaron los recursos jurídicos ante la Corte, siete de los 10 ministros presentes en el pleno acordaron que sólo las organizaciones civiles y los institutos políticos con un mínimo de siete años de antigüedad pueden proponer consejeros o magistrados electorales para esa entidad.
El próximo lunes, los ministros comenzarán a revisar el tema de las candidaturas independientes, entre otras cuestiones.
El proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Juan Silva Meza, propone que cualquier Congreso local, en este caso el de Yucatán, tiene facultades exclusivas para pronunciarse en torno a las características de sus procesos electorales, como la posibilidad de que se postulen candidatos independientes a diputados, alcaldes o gobernador.
En su resolución de ayer, la mayoría de ministros -votaron en contra de esta postura Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo- se pronunciaron en favor de la constitucionalidad de una reforma efectuada durante el sexenio del actual gobernador yucateco, Patricio Patrón Laviada.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Partido de la Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y el instituto local Alianza por Yucatán, los cuales alegaron que la modificación legal que posibilita reducir las postulaciones a partidos y asociaciones limita el principio de equidad.
Además de lo anterior, los partidos mencionados se inconformaron con tres decretos de reforma a las normas electorales de la entidad que modifican el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Con ese cambio ahora es posible la legalización de las candidaturas independientes, lo cual representa una afectación directa a los partidos.
Las modificaciones impugnadas por la vía de la acción de inconstitucionalidad también establecen nuevas reglas para la asignación de diputados de representación proporcional y aumentar de 1.5 a 2 el porcentaje de votos que debe obtener un partido en una elección estatal para conservar su registro.
Asimismo, la reforma del Congreso de Yucatán que fue impugnada obliga a que los representantes de los partidos ante el Consejo Electoral de la entidad reciban una percepción económica equivalente a 25 por ciento de los ingresos de los consejeros electorales, misma que deberá ser sufragada por los partidos.