Adujo a principio de año que no tenía competencia

Rivera negó ayuda para localizar a curas acusados

ALMA E. MUÑOZ

En enero de este año, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, rechazó apoyar la localización de 40 presbíteros católicos acusados o sospechosos de violar a menores, ante la posibilidad de que se refugiaran en México luego de ser detectados en Estados Unidos.

"Un servidor ni la Iglesia católica tenemos que perseguir y capturar al delincuente. Esto es competencia del Poder Judicial si obra de por medio una orden de aprehensión", respondió a los demandantes de su ayuda, la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes, la organización gubernamental que sustenta la denuncia en su contra en Los Angeles, California, por "conspiración a la pederastia".

Como parte de su respuesta a una solicitud hecha por Eric Barragán, vocero de la organización, el prelado expresó que "le pareció injusto" que en la misma lista aparezcan culpables de los delitos imputados y aquellos sobre los cuales sólo pesan acusaciones y, por ende, son "difamados".

Barragán le dio a conocer con anterioridad, en una misiva, fechada el 7 de diciembre de 2005, la lista parcial que habían elaborado sobre esos religiosos: Nicolás Aguilar Rivera, Heladio Avila Avelar, Michael Baker, Samuel Cabot, Manuel Esteban Camacho Baruqui, Wilebaldo Castro, Alejandro Cervantes Gallardo, Gerónimo Chávez Mendoza, Mario Cimmarrusti, Salvador Coria Mendoza, Wallace John Daley, José Luis de María y Campos López, Jesse Domínguez, Peter García, Richard Francis (Ricardo Francisco) García, Edgar Gaudencio Hidalgo, Luis Jaramillo, Thomas A. Kane, John Lenihan.

También Richard (Ricardo) Loomis, Joseph (José) López, Marcial Maciel Degollado, José Antonio Mandujano Tinajero, Daniel Martínez, Rubén Martínez, Francisco Mateos, José Méndez, Samuel Orellana Mendoza, Carlos Peralta, Henry (Enrique) Pérez, Joseph (José) Piña, Eleuterio Ramos, Leopoldo Romero Yáñez y Carlos Rene Rodríguez.

Además John (Juan) Salazar, John Santillán, Fidencio Simón Silva Flores, Charles (Charly) Theodore Murr Letourveau, Felipe Valenzuela Cervantes, Francisco Antonio Velásquez, Henry Vetter, Nemorio Villa Gómez y Sigfried Widera.

El 18 de enero de 2006, el cardenal Rivera reiteró su condena a "todo abuso perpetrado por sacerdotes contra menores de edad" . Quien delinque, advirtió, "no debe ni puede ser protegido por la Arquidiócesis de México, o bien debe responder ante la autoridad civil y eclesiástica, para dar cuenta de sus crímenes". Aseguró que "los sacerdotes no gozan de inmunidad alguna y ante la ley tienen que responder como cualquier otro ciudadano". Se dijo "abierto" a recibir cualquier queja o acusación sobre presuntos pederastas a su cargo.

Sin embargo, afirmó que "por desgracia", ante estos hechos, "muchas veces las víctimas no acuden a la autoridad civil o eclesiástica para que se les haga justicia y se repare el daño, y otras personas aprovechan estos casos para hacer escándalos públicos, usándolas para atacar a la Iglesia y denigrarla ante la opinión pública.

"Quiero creer -escribió a Eric Barragán- que a usted y su asociación los mueve una recta intención de ayudar a las víctimas y de buscar, ante todo, la verdad y la justicia."

Respecto a Nicolás Aguilar, el cardenal aclaró que "no pertenece a la Arquidiócesis de México, por lo que ignora su paradero. Pero hasta donde estoy enterado, no ejerce más el ministerio sacerdotal y ninguna comunidad está bajo su cuidado". Subrayó que no compete a la Iglesia católica perseguir y capturar al "delincuente".

Asimismo aseguró que el resto de los presbíteros citados está bajo su jurisdicción, "por lo que no existe el riesgo que usted teme". Sin embargo, acotó que le parecía "injusto" que la asociación "ponga a la par a sacerdotes que han sido encontrados culpables de los delitos imputados y aquellos sobre los cuales sólo pesan acusaciones o sospechas aún no comprobadas, o que de plano han sido desechadas por los quejosos o los tribunales, difamando así injustificadamente a algunos".

Sugirió manejar los nombres con un "sentido de responsabilidad, seriedad y justicia". El arzobispo le garantizó a Barragán que "se abrirán los juicios canónicos, con sus respectivas sanciones, para aquellos clérigos que delincan", y expresó su disposición de continuar invitando a la feligresía a denunciar ante la autoridad civil y eclesiástica estos actos ilícitos, "para que se haga justicia, se castigue a los responsables y en un futuro se eviten estos lamentables hechos que tanto mal hacen a sus víctimas y que laceran a la Iglesia".