El gobierno no intervendrá en el asunto, señala
Evalúa la SG la sanción que aplicará a abogados de SNAP
La Secretaría de Gobernación (SG) evalúa la sanción que aplicará a los abogados estadunidenses que el miércoles pasado ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de México, respecto a la demanda contra el cardenal Noberto Rivera Carrera y el arzobispo de Los Angeles, Roger Mahony, señalados como presuntos encubridores de un sacerdote pederasta.
Lauro López Sánchez, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, dijo que no hay una fecha precisa para dar a conocer el veredicto, pero las sanciones en contra de los litigantes pueden ir desde una amonestación o multa hasta la prohibición temporal para volver a ingresar a México.
Señaló también que el gobierno no intervendrá en el asunto (aun cuando la SG es la encargada de la relación entre el Estado y las iglesias) porque se trata de un caso "entre el cardenal y quien lo demandó".
Respecto a la celeridad con la que actuaron los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes se presentaron de manera intempestiva al lugar en el que se hallaban los abogados, el funcionario dijo que el INM recibió una llamada anónima de la cual, aseguró, se tiene registro.
El argumento oficial de la SG en torno a esa diligencia es que los abogados ingresaron a México con visas de turista y que, por esa circunstancia no tenían derecho a realizar actividades profesionales.
"Se recibió una llamada anónima, de la cual tenemos ya registro. Era muy evidente la actividad profesional de esta gente con fines de lucro, son abogados que están pidiendo dinero, llevando a cabo una actividad profesional", dijo.
En breve entrevista, López Sánchez rechazó que la rapidez con la que hicieron la diligencia los agentes migratorios tenga como fin brindar algún tipo de protección en favor del cardenal Rivera.
No obstante, en tiempo de campaña electoral, el ex presidente del gobierno español José María Aznar, del Partido Popular, hizo declaraciones que también transgredían preceptos constitucionales y de la Ley General de Población.
"En tal caso -justificó el funcionario- nos enteramos de los dichos del ex mandatario a través de los medios de comunicación y, enseguida, se giró el oficio correspondiente (para ordenar su salida del país) pero él ya había salido".
Repitió que en el caso de los abogados estadunidenses y el dirigente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), se actuó conforme a lo que marca la ley, sin la intención de proteger a la alta jerarquía de la Iglesia católica.
A pregunta directa, el funcionario aseguró que el gobierno federal mantiene su preocupación ante los casos de pederastia, en los que, agregó, las autoridades judiciales deberán actuar en consecuencia. No es materia de Gobernación.