La Convención y sus instituciones
El 16 de septiembre comenzó lo que pudiera ser una nueva etapa en la vida nacional. Un millón de personas decidieron que hay suficientes evidencias para reconocer que el ganador en las elecciones fue López Obrador. Por eso, los convencionistas le nombraron presidente legítimo y desconocieron a Felipe Calderón. Decidieron, además, iniciar un proceso que permita acumular las fuerzas suficientes para cambiar las instituciones nacionales. Mientras ello ocurre, se plantearán acciones que presenten las nuevas reglas de funcionamiento social y se enfrentarán las propuestas del gobierno que afecten las condiciones de vida de la gente, o pretendan vender el patrimonio nacional.
El movimiento contará con el respaldo del Frente Amplio Progresista, que reúne a los partidos que formaron la Coalición por el Bien de Todos. Contará, en consecuencia, con los legisladores y gobernantes electos para llevar adelante el proyecto alternativo de nación. Gobernantes y legisladores, junto con un movimiento que ha mostrado persistencia y capacidad de movilización, encabezado por quien debiera dirigir el gobierno nacional, tendrán que desarrollar una táctica y una estrategia capaz de cumplir simultáneamente con varios objetivos. El fundamental, sin duda, es mejorar las condiciones de vida de la población.
Precisamente este era el objetivo central de la propuesta de gobierno de la Coalición. Eso fue lo que impulsó los poderosos, los que siempre se han apropiado del grueso de la riqueza que se produce, a que llevaran a cabo una campaña feroz para impedir que se estableciera un nuevo pacto social esencialmente redistributivo. Eso es justamente lo que tiene que desarrollar el movimiento de resistencia. Ese nuevo pacto tendría que construirse en las entidades que gobierna la izquierda electoral y, por supuesto, en las que vaya ganando e impulsarse en todas las legislaturas en las que se tenga presencia.
En Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y en breve en Chiapas, y muy probablemente en Tabasco, la propuesta social no puede estar separada de un planteo de política económica a nivel estatal que genere las condiciones para que haya desarrollo. Ello obliga a superar las visiones asistenciales, para formular un verdadero plan de desarrollo que establezca las acciones, determine los recursos necesarios y promueva los acuerdos con empresarios y trabajadores que permitan alcanzar las metas de mejoramiento social indispensables para construir una abrumadora mayoría capaz de cambiar las instituciones y gobernar al país.
Los gobernantes actuales del Frente Amplio y los que se incorporen, respetando las condiciones particulares, deberán formular los mismos programas que permitan generar desarrollo. En el centro tiene que estar un acuerdo integral con los diferentes actores para crecer, crear empleos, mejorar las remuneraciones reales, invertir para que la educación pública sea del mejor nivel posible, reducir los gastos de los funcionarios, revisar la legislación electoral de cada entidad con el fin de establecer lo que debiera regir a nivel federal.
Se trata de gobiernos socialmente responsables que se propongan lograr desarrollo económico. Por ello, la atención tiene que concentrarse en la generación y crecimiento de la riqueza, con nuevos empleos adecuadamente remunerados, con espacios para la inversión privada que permitan rentabilidad, sin menoscabo del mejoramiento de las condiciones de vida. Los programas sociales seguirán siendo pertinentes, en tanto no se consiga un nivel de desarrollo mínimamente aceptable. Con desarrollo las políticas públicas serían marginales. Consecuentemente, no podrían usarse con fines electorales.
Un tema de gran calado es la legislación electoral. Las bancadas de los partidos del Frente deberán proponer que se prohiba el uso de los medios electrónicos en las campañas electorales, como ocurre en diversos países. En los casos en que se cuente con mayoría, esto debiera legislarse inmediatamente. Ello irá construyendo un movimiento nacional para impedir que las televisoras y los grupos empresariales intervengan y manipulen a los electores, estableciendo condiciones en las que la equidad en la contienda electoral sea respetada.
Se trata de construir la nueva institucionalidad que se postula en las entidades que se gobierne, para mostrar prácticamente lo que significa terminar con la república simulada y fundar la república verdadera. Si se plantea claramente este propósito y se avanza en su cumplimiento, entonces la Convención estará cumpliendo su función.