Editorial
Intereses empresariales contra intereses populares
Una de las condiciones para encontrar el camino del desarrollo sostenido, según la cúpula empresarial mexicana reunida recientemente en el Forbes CEO Forum México, es la apertura total a la inversión extranjera de empresas claves en la vida nacional, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal Electricidad (CFE). Sin embargo, la privatización energética parte de las "reformas estructurales que tanto necesita el país", como repitió una y otra vez en los últimos seis años el presidente Vicente Fox, bandera que tomará su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, es una trampa que provocará mayores problemas al país de los que ya tiene. Que no son pocos.
Ni siquiera lo ocurrido en Sudamérica Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que claramente son visibles las catástrofes generadas por ese tipo de acciones parece hacer reflexionar a la cúpula empresarial del país, más atenta a las oportunidades de negocio que a la realidad de la nación, y a los funcionarios de alto nivel, ocupados en allanarle el piso a los dueños del capital.
Por el contrario, en el seno del gobierno las cosas están muy claras. Como señaló el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, "nosotros estamos convencidos de que la apertura es la única opción". No por nada el gobierno se las ha arreglado para involucrar, aprovechando vacíos legales, al capital privado extranjero y nacional mediante los contratos de servicios múltiples, práctica que a partir de 2007 será repetida con los contratos de obra pública financiada, en realidad privatizaciones disfrazadas.
Sin embargo, la realidad se impone. Para el investigador John Saxe-Fernández, es claro lo que pretende la cúpula empresarial Forbes: "El trasfondo es un negocio que hasta el momento ha sido canalizado hacia la economía nacional".
En este sentido, agregó el estudioso, "la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana es el intento por privatizar al sector de la energía, por ser el principal eje de acumulación de país el que está siendo vulnerado".
¿No fue el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, quien dijo que "el asunto central es cómo usar este recurso (el petróleo) para fortalecer la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales"?
Si bien existen suficientes pruebas del fracaso de este modelo en Centro y Sudamérica en algunos países han optado por dar marcha atrás a los procesos de privatización de sus industrias eléctrica y petrolera dados los "excelentes resultados" obtenidos, no es necesario ir tan lejos para mirar de cerca los efectos de estas prácticas. En dos décadas y media de reformas estructurales, desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), el desarrollo prometido no apareció por ningún lado y, por el contrario, el rezago social ha alcanzado niveles de alto riesgo y la concentración de la riqueza es criminal. En este periodo, la tasa anual promedio de crecimiento económico alcanzó un "espectacular" 2.4 por ciento.
Ante este panorama, son bienvenidos los intentos por divulgar información real sobre el tema, la oposición política (diputados del PRD, PT, Convergencia y PRI ya anunciaron la conformación de un frente por la defensa del patrimonio energético) y toda acción que se resista a la indiscriminada apertura del sector, tal como la pide la cúpula empresarial nacional y transnacional.
Curiosamente, Carlos Morales Gil da en el blanco: tal vez sin querer, otorga un papel fundamental en este proceso a la gente, al pueblo, el verdadero afectado por las privatizaciones. Resulta claro que para afrontar reformas de este tipo se necesita de un análisis serio en el que se involucren todos los sectores de la sociedad, con información real, sin trucos numéricos ni maquillajes, y posteriormente llevar a cabo consultas a escala nacional. En dicho caso, y a contracorriente de lo que se piensa en Foxilandia, seguramente la gente optaría por defender lo que es suyo por ley y no dejaría que el pastel completo quedara a merced de empresarios globalizados.