Mediante comando armado, fomenta invasiones de tierras contra sus paisanos
Incluso en su tierra natal, Ulises Ruiz propicia confrontación entre oaxaqueños
En Chalcatongo se disculpan por el daño que causa el gobernador, originario del lugar
Ampliar la imagen Representantes de organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos exigieron al gobierno federal no usar la fuerza pública ni la represión para solucionar el conflicto en Oaxaca, por lo que la "única" salida pacífica es atender la principal exigencia de la APPO: la remoción de Ulises Ruiz como gobernador de la entidad. En la imagen, el diputado federal José Jacques, en uno de los accesos de la Secretaría de Gobernación Foto: María Luisa Severiano; con información de Emir Olivares Alonso
Chalcatongo de Hidalgo, Oax., 22 de septiembre. El gobernador Ulises Ruiz Ortiz ha llevado la confrontación que sostiene con una parte considerable de la población oaxaqueña hasta ésta, su propia tierra natal, con un conflicto "pequeño", y en realidad alarmante, entre Chalcatongo y un grupo paramilitar del vecino municipio de Santo Domingo Ixcatlán, armado a instancias del propio gobernador, dicen las autoridades comunales de Chalcatongo.
"En esta zona de conflicto no hay autoridad, no hay gobierno, no hay ley que detenga a los agresores", expresan las autoridades municipales (encabezadas por el edil, Abel Nicolás Cortés, y el presidente de bienes comunales, Otilio Ruiz Cortés). Señalan que la misma policía preventiva del estado se muestra impotente para contener al grupo de invasores armados, quienes ocuparon un lugar llamado La Paz, perteneciente a los poblados de Reforma, La Paz y Allende, todos de Chalcatongo. Cómo estarán las cosas que los campesinos mixtecos han puesto un "ultimátum" al gobierno federal "para el desalojo inmediato de nuestas tierras y el desarme de los pobladores de Ixcatlán".
Hace unas semanas un sector significativo de Chalcatongo emitió una "disculpa" al pueblo de Oaxaca por las acciones de una persona originaria de aquí, el gobernador del estado, y lo declaró "no grato". Aquel documento lo firmaban, entre otros, 14 de los 18 agentes municipales, y expresaba respaldo a la protesta magisterial y popular que tiene en vilo a la entidad.
El presidente municipal priísta de Ixcatlán, Freddy Morales Arias, ha trasladado a la Mixteca Alta los estilos del Ejecutivo oaxaqueño. Pertenece al grupo (que en sus tiempos universitarios fue de porros y hoy es de políticos) encabezado por Jorge Franco Vargas, quien dejó el cargo de secretario de Gobierno en junio pasado, tras el fallido desalojo del plantón magisterial en la capital del estado, pero se le vincula con las represiones recientes contra la sección 22 del SNTE, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el periódico Noticias.
Las autoridades de Chalcatongo señalan: "El comando porta armas de grueso calibre (como M1, AK47, R-15, escopeta calibre 12), según información que nos ha proporcionado la propia policía preventiva, al mando del comandante Sosa. Todos los armados visten uniforme militar".
Este enviado fue guiado al predio La Paz (mil 356 hectáreas) por el síndico municipal de Chalcatongo, David Sánchez; el regidor de Hacienda, Anastasio Mendoza Quiroz; el secretario municipal, José Ramírez Cuevas, así como el presidente y el secretario de bienes comunales, Otilio Ruiz Cortés y Avelino Aurelio Ruiz López, respectivamente.
En el lugar se encuentran destacados unos 15 policías preventivos, con tres patrullas y tiendas de campaña. A 200 metros, un autobús urbano de la empresa Tusug, completamente quemado, bloquea el camino hacia las tierras invadidas. Y aquí la historia se complica más. Según describe el secretario municipal de Hacienda, "ellos mismos, los del grupo armado, se robaron dos camiones en la ciudad de Oaxaca el 7 de septiembre. Hasta Nochixtlán los manejaron los choferes de la empresa; allí los bajaron, y el propio Freddy Morales manejó uno hasta Ixcatlán, y el otro, uno de sus ayudantes".
Las autoridades de Chalcatongo expresan que la intención de los paramilitares era culpar a la APPO del robo. En Ixcatlán los vehículos fueron quemados por los priístas; los policías preventivos lo confirman hoy ante el reportero. Días después fueron remolcados con una retroexcavadora hasta el sitio denominado Brazo de Ocote Colorado, donde acampaban los policías y los hicieron retroceder hasta el poblado La Paz. "Su idea es decir que nosotros robamos, quemamos y pusimos los camiones, y así nos culpan a nosotros y a la APPO", dice el síndico.
Esta mañana, los policías preventivos se mostraron temerosos de aproximarse al primer autobús quemado, y quisieron impedir que lo hicieran las autoridades de Chalcatongo y el reportero. Dijo el síndico: "Ellos saben que los de Ixcatlán están armados y podrían venadearnos". No obstante, fuimos hasta el lugar, desde donde se distinguen ya las primeras casuchas que levantan los invasores. No hay evidencias de que el autobús haya sido incendiado allí; en cambio, se ven en el lodo las huellas profundas de la maquinaria que arrastró el cascarón del vehículo calcinado.
Guerra contra su terruño
Las autoridades (perredistas por cierto) de Chalcatongo responzabilizan directamente al gobernador, pues en su "guerra" contra su tierra natal, que para colmo ya no vota por el PRI, hizo promesas de campaña a sus correligionarios de Ixcatlán que luego no ha cumplido, y para subsanarlas propició esta invasión a fines de 2005.
Toda acción institucional favorece a los invasores, repiten una y otra vez los de Chalcatongo mientras recorremos el lugar. "Les ayudaron a conseguir armas de uso exclusivo del Ejército, y los usan para difamar a nuestro municipio, y también a la APPO" (de la cual por cierto se deslindan como autoridades municipales, aunque expresan simpatía off the record). Más explícito es el respaldo al movimiento magisterial y popular por el delegado distrital del PRD, Jacobo Jiménez, quien observa a la distancia nuestro recorrido.
"Cómo vamos a obedecer a las instituciones y a las leyes si no se están aplicando con justicia", dice don Avelino, secretario de bienes comunales. Por ello, el documento del municipio, que se hizo público este jueves, manifiesta: "Desconocemos a cualquier funcionario de gobierno que no cuenta con carácter y autoridad suficiente para solucionar esta invasión y la agresión a nuestro pueblo."
El gobierno ha montado un presunto "diálogo entre las partes" que sólo ha servido para aplazar la solución. Las autoridades de Chalcatongo exigen en su escrito "la presencia de la Secretaría de Gobernación en el lugar de los hechos hasta dar solución definitiva a la problemática generada por la invasión; de lo contrario, no nos prestaremos a seguir dialogando. Denunciamos que hasta hoy, el proceso de diálogo sólo ha servido para que los invasores se organicen, se armen y entren en nuestras tierras".
Desconfiando de la administración estatal, solicitan "una investigación profesional para dar con el paradero de los delincuentes que incendiaron los carros urbanos que fueron arrumbados por Santo Domingo Ixcatlán en la localidad de La Paz, así como proceder penalmente en contra de Freddy Morales Arias, por ser el responsable de estos hechos".
También responzabilizan al presidente municipal de Ixcatlán por "los hechos violentos que llegaran a suceder", así como a los gobiernos federal y estatal, "que hasta ahora no han tenido capacidad para detener las actitudes autoritarias y delincuenciales de Santo Domingo Ixcatlán. No es posible que ante el vacío de autoridad que hay en nuestro estado surjan grupos armados que actúan con total impunidad".