Cobro de facturas
Hoy todo el mundo ha comprobado en México que la clase empresarial, particularmente aquella asociada con el capital trasnacional, y fanática de las privatizaciones a ultranza, pervierte el sentido y la eficacia de la democracia representativa, inyectándoles dinero a las campañas de sus candidatos afines, o haciéndoles descaradamente publicidad en los medios masivos de comunicación, con el propósito de cobrárselos después con prebendas, o presionándolos para dictarles las políticas económicas y sociales que deben seguir.
Cómo estará la cosa que hasta los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vieron obligados a señalarlo en su discutible decreto del 5 de septiembre, cuando expresaron que con la campaña de medios que realizaron durante la contienda, los empresarios "violaron" preceptos establecidos en la ley electoral y en el artículo 41 constitucional, aunque dejando impunes dichos delitos.
Lo que ahora hemos podido comprobar, con información de algunos medios, es justamente el cobro de facturas para que los grandes empresarios sigan ampliando y profundizando sus ya de por sí jugosos negocios, en detrimento de la responsabilidad social del Estado y la conservación del patrimonio nacional. Hace ocho días La Jornada informó puntualmente que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento -la mayor parte de ellas privadas- le planteó a Felipe Calderón en Monterrey la "necesidad" de que el gobierno "deje de ser operador y pase a ser únicamente un ente normativo", para obtener "mejores resultados", dejando la búsqueda, extracción y distribución del agua potable y las aguas nacionales en manos de los empresarios del ramo. Le pidieron también revisar los programas de financiamiento de infraestructura hidráulica del gobierno federal, para eliminar el esquema "a fondo perdido" y para que sean los empresarios quienes directamente contraten, manejen y "recuperen" el financiamiento privado en el rubro. Con el pretexto de "despolitizar" las decisiones en esta materia, según la nota del corresponsal Alfredo Valadez Rodríguez, le exigieron además "eliminar" la actual atribución que tienen las presidencias municipales de todo el país para fijar las tarifas de agua potable, emitiendo para ello una "ley de tarifas como la que se aplica en Chile, donde se cobra todo el costo del agua: su extracción, su distribución, los gastos de operación e inclusive la amortización de las obras hechas" (p. 18). Lo más dramático es que el candidato declarado electo se comprometió con ellos a "trabajar hombro con hombro", y se declaró su amigo y aliado, para sacar adelante "su responsabilidad".
Ni una palabra en efecto sobre la obligación del Estado de proveer de este servicio público a los ciudadanos que pagan sus impuestos, sobre todo a aquellos que no pueden comprarlo, como un derecho social fundamental que les asiste.
Bajo el supuesto falso de que el mercado produciría los incentivos correctos para la asignación de este recurso, desde hace más de 20 años los organismos internacionales de comercio y financiamiento presionan a los países para que desmantelen su servicio público de agua y reformen sus leyes, con el fin de que las empresas, más que nada trasnacionales, controlen y hagan negocios con el agua.
En México este proceso se inició en el sexenio de Miguel de la Madrid, con la devolución y descentralización sin recursos de la administración, infraestructura e inversión para el agua potable a los gobiernos y municipios. Prosiguió con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en el sexenio de Carlos Salinas, que ya permitía en el sector rural concesiones sobre el uso y explotación de este servicio, por periodos variables de cinco hasta 50 años, con la posibilidad incluso de comerciarlas entre particulares. Continuó en 1994 con el reglamento de esta ley, que discrimina la participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de educación superior y los centros de investigación en los llamados consejos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, y concluyó con la reforma integral de dicha ley en 2004, que contrariamente a lo establecido en el artículo 27 constitucional, abandona parcialmente su esencia social y le abre francamente el camino a la privatización de un bien estratégico de la nación. Gracias a ello hoy en día en al menos 13 grandes ciudades los sistemas de agua tienen participación privada, y 24 plantas de tratamiento han sido concedidas o convenidas con capital privado nacional o extranjero (Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona, Bechtel, etcétera).
Ya sabemos entonces a qué atenernos para el próximo sexenio. ¿Será capaz el Congreso de revertir esta tendencia, protegiendo este bien público y garantizando de manera sustentable este derecho humano fundamental a todos los mexicanos?