¿Narcoestado o auge del narcotráfico?
La industria del narcotráfico en nuestro país ha evolucionado vertiginosamente en los últimos 20 años. Esta rama productiva, ilegal pero altamente rentable, busca hoy no sólo, como antaño, protección, sino también y por lo que se aprecia, tener control, poder e imponer sus reglas del juego.
Su influencia rebasa los asuntos vinculados al tráfico de drogas. Si antes negociaba protección en una relación de subordinación frente a la autoridad, hoy es capaz de fijar reglas en temas económicos, sociales y políticos. El desafío a las autoridades que no aceptan sus condiciones es una práctica frecuente, tanto así que la famosa máxima de "plata o plomo" tiene hoy mucho mayor relevancia que hace unos años.
Hasta 1984, fecha en que sucede el secuestro y muerte del detective de la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena, el tema del narcotráfico nos parecía distante. Sin embargo, este acontecimiento modificó radicalmente esta percepción. A partir de ese momento, se hace evidente que las autoridades protegen a los narcotraficantes. Los cárteles sienten que tienen impunidad y que pueden hacer lo que quieran, lo mismo traficar que matar, tener incluso secuestrados a miles trabajadores en condiciones casi de esclavitud, produciendo droga en grandes escalas, y ostentar en sociedad su influencia.
En 1989 cambia el modelo de relación entre los grandes cárteles dominantes de la droga, Cali y Medellín, y sus socios mexicanos. Hasta ese año los primeros pagaban por protección a los segundos con dinero. Sin embargo, a partir de esa fecha el pago comenzó a hacerse en mercancía, estos es, en droga. Este hecho revolucionó la dinámica de operación de los grupos de narcotraficantes mexicanos, que no tenían mucho personal en su infraestructura. La necesidad de comercializar la droga los hizo crecer.
A partir de ese momento, el país comenzó a enfrentarse a un nuevo y gran problema: la drogadicción o farmacodependencia. México dejó de ser un país de tráfico para convertirse también en uno de consumo. Los ganancias de los cárteles se incrementaron y se hizo necesario un nuevo esquema de lavado de dinero, invirtiendo en una gran cantidad de negocios. Ello provocó una competencia desleal con los empresarios que tenían y producían dinero limpio. Estos inversionistas tuvieron que competir en condiciones sumamente desventajosas con los delincuentes que se disfrazaban de empresarios, y que no requerían que sus negocios fueran rentables, pues lo que deseaban era simplemente lavar dinero. El dinero del narcotráfico en actividades lícitas provocó, además, que diversos segmentos de la sociedad se beneficiaran, con mejores precios y condiciones de financiamiento, con los que los empresarios tradicionales no pueden competir.
Hasta el momento en que Amado Carrillo Fuentes fue capaz de establecer un liderazgo nacional gracias a los apoyos que distintas instancias de Gobierno le proporcionaron, había diversos grupos de narcotraficantes con participación en regiones perfectamente delimitadas y con relaciones entre sí para brindarse los apoyos que su actividad requería.
Con Amado Carrillo aprendieron que podían dejar de tener relaciones de subordinación con la autoridad y pasaron a tener relaciones de coordinación. Más adelante, fueron los criminales los que establecieron relaciones de superioridad frente a la autoridad de algunas áreas del gobierno.
A la muerte de Amado Carrillo, y ya habiendo probado las mieles del poder real, la lucha por ocupar su lugar en la "Gran Organización" se torna más cruenta. Cotidianamente vemos y sentimos los efectos de esa lucha por el control de los mercados.
Desde esa fecha, las distintas instancias de gobierno se vieron precisadas a cambiar sus esquemas de operación. La estructura de la Procuraduría General de la República se modificó. La participación de las Fuerzas Armadas se incrementó, creando incluso áreas especializadas para atender la problemática. Se formó la Policía Federal Preventiva y las autoridades de los gobiernos estatales y municipales tienen mayores funciones en la lucha contra el narcotráfico. Existe una mayor cooperación e intercambio de información con la comunidad internacional.
Paralelamente se han aprobado innumerables reformas a los sistemas de justicia penal y procesos penales. Se han destinado más recursos humanos, materiales y financieros para combatir este flagelo. Y, a pesar de ello, ¿cuál ha sido el resultado?
La respuesta es clara: mayor tráfico, mayor consumo, mayor penetración de los cárteles en campos de la economía, la sociedad y la política. En suma: mayor poder de estos grupos delictivos. Los medios de comunicación reflejan día con día el incremento en la escala de violencia. Cada vez se hace uso de mayor y más sofisticado armamento. Más aún, se habla de la participación de grupos extranjeros en el tráfico de drogas.
Constantemente se anuncian detenciones de narcotraficantes de todos los niveles de importancia, aseguramientos de droga y de bienes, producto de operaciones ilícitas, y ejecuciones de miembros de organizaciones delictivas. Sin embargo, la actividad en sí sigue su marcha y se puede observar que no se genera ningún daño a sus operaciones, si se toman en cuenta dos aspectos de mercado: no hay escasez de producto y no hay variación de precio. Esto indica que las acciones en la lucha contra el narcotráfico no dañan el esquema principal de sus actividades.
El comercio de las drogas ha crecido. Sus operaciones son mayores. La corrupción de las agencias estatales responsables de combatirlo se ha incrementado. Es evidente la incapacidad del Estado para combatirlo, tanto a él como a sus efectos en distintas áreas de la vida nacional. México no es aún un narcoestado, pero estamos en vías de llegar a serlo si no se atienden a tiempo las causas que podrían llevarnos a ello.
(*) Consultor en temas de seguridad.