El comprador, Banco de Nueva Escocia, ocultó información para controlar la institución

Demandan ex accionistas de Inverlat a Scotiabank por 500 mdd

Según documentos en una corte de NY, el gobierno de Zedillo ofreció garantías de que BNS sería el dueño del banco

Legorreta y las familias Autrey y Ramírez, entre los demandantes

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Un grupo de familias influyentes en el medio empresarial mexicano unió esfuerzos para, en una estrategia conjunta, reclamar a Banco de Nueva Escocia (BNS), entidad canadiense propietaria en México de Scotiabank, por lo menos 500 millones de dólares.

Alegan que la firma financiera multinacional ocultó información para hacerse con el control de la institución. La cifra reclamada en una corte de Nueva York es de por sí importante. Pero el caso revela algunos de los entretelones del rescate bancario y de la forma en que el gobierno favoreció de manera obsecuente a inversionistas extranjeros para que se quedaran con los bancos puestos a flote con recursos públicos, después de la crisis de 1995.

Documentos que forman parte del expediente depositado en el juzgado neoyorquino muestran que aun antes que se anunciara la venta de las acciones al grupo canadiense, el gobierno mexicano, incluso en algunas juntas realizadas fuera del país, ofreció garantías de que BNS sería el dueño del antiguo Inverlat.

Con recursos públicos, el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo pagó el sueldo de 20 altos directivos canadienses que supuestamente vinieron a México a salvar el banco...aunque luego lo compraron apoyados con la información estratégica que habían recibido como asesores, de acuerdo con información obtenida por La Jornada.

La demanda de pago sobre un caso que se remonta a 1996 fue interpuesta en una corte de Nueva York por un grupo de ex accionistas del antiguo Grupo Financiero Inverlat (GFI). Esta institución, hoy propiedad de Banco de Nueva Escocia, fue adquirida durante la reprivatización de 1991 y 1992 por un grupo de empresarios encabezados por Agustín F. Legorreta, uno de los querellantes, según algunos reportes conocidos por este diario.

Otros demandantes, confirmados por este periódico, son: la familia Ramírez, propietaria de la cadena Cinépolis; la familia Autrey, dueños de Altos Hornos de México; Juan Gallardo Thurlow, principal accionista de Pepsico, y Marcos Katz, propietario de Aeromar.

Origen del pleito

El origen del pleito legal, que por lo menos ahora no involucra al gobierno mexicano, es un convenio firmado en 1996 entre el gobierno federal, el BNS y los ex accionistas de Inverlat, en el que se sentaban las bases para el saneamiento de la institución, golpeada financieramente como el conjunto del sistema por la crisis del año previo. Inverlat nunca fue intervenido gerencialmente por la administración federal.

En ese convenio, los accionistas de Inverlat renunciaron a su capital a cambio de tres derechos: primero, tener 9 por ciento del capital social de la institución, una vez saneada, bajo condición de que no hubieran incurrido en acciones contra el patrimonio del banco, como haber dejado de pagar préstamos.

Un segundo derecho era el de optar por 36 por ciento adicional de capital. Para llegar a esta cifra, el banco debía ser dividido, prácticamente a partes iguales en un ''banco bueno'', donde se colocarían los préstamos vigentes y cobrables; y otro ''banco malo'', donde estarían los préstamos de difícil recuperación. Los activos del banco malo debían ser colocados en un fideicomiso y, en función de la recuperación, o sea, de la cobranza, los accionistas originales podrían optar hasta por 36 por ciento del capital, adicional al 9 por ciento.

En ese convenio de 1996 se estableció un tercer derecho para los accionistas encabezados por Agustín F. Legorreta. Tenían preferencia, o derecho de tanto, para adquirir a valor en libros de julio de 2000 la porción del 36 por ciento de capital que no se asignara por la cobranza en el fideicomiso. Es decir, podían acumular hasta 45 por ciento del capital social del banco que surgiera después del saneamiento.

La demanda fue presentada por los ex accionistas de Inverlat en Nueva York, porque en un convenio de los años 90 las partes manifestaron su acuerdo de que cualquier litigio se circunscribiera a las leyes y tribunales de esa ciudad.

Los argumentos

Uno de los argumentos de los demandantes es que nunca tuvieron la opción de adquirir el 36 por ciento del capital del grupo a que tenían derecho como parte del convenio. Sólo recibieron, en conjunto, 80 millones de dólares por el 9 por ciento, que a la postre fue comprado también por BNS a través de una oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores. De esa manera, la institución canadiense tiene el control absoluto del antiguo Inverlat.

El 36 por ciento del capital que no pudieron comprar tenía un valor en 2000 de 150 millones de dólares. Hoy vale mil millones de dólares. ''Esa es la dimensión de lo que perdimos'', dijo a este diario uno de los querellantes.

Lo que argumentan los quejosos es que BNS no protegió los intereses de sus socios, es decir, de los antiguos inversionistas de Inverlat. Ese es un delito castigado por las leyes de Estados Unidos. Sin haber informado de la operación del fideicomiso a donde se llevaron los activos del banco malo, el Banco de Nueva Escocia adquirió ese 36 por ciento de acciones, en abril de 2003, por medio de una licitación pública y a cambio de 325 millones de dólares, o sea, una tercera parte de lo que valen actualmente.

Los ex accionistas de Inverlat, que están representados en México por el despacho Ortiz Gómez Abogados, encabezado por Fernando Ortiz, argumentan que el BNS nunca realizó la labor de cobranza en el fideicomiso, como se establecía en el acuerdo de 1996 y tampoco se procedió a la recuperación de los créditos.

El caso ha pasado ya varios procedimientos judiciales. Para los ex accionistas de Inverlat es importante que el juez haya solicitado más información, lo que los hace suponer que aceptará el juicio. Hay una audiencia programada para la primera quincena de diciembre.

Hasta ahora, BNS ha argumentado que los reclamos de los accionistas de Inverlat han prescrito, aun cuando el convenio que lo obligaba a informar tiene vigencia de 50 años. Aunque ha tratado de desestimar la demanda, el hecho es que contrató a un despacho de 600 abogados en Nueva York, llamado Sullivan and Crumble, para representarlo en el litigio.