Editorial

Lula ante el embate de la derecha

Sometido a un linchamiento mediático que saca partido de los casos de corrupción en las filas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, sigue sin embargo arriba en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del domingo próximo, en las cuales la sociedad brasileña deberá ratificar o desechar el proyecto político en curso.

Es indudable que tienen fundamento los actuales señalamientos y procesos legales por los sobornos que repartió la anterior dirigencia del PT a legisladores de oposición, así como los recientes escándalos en que se han visto involucrados funcionarios y dirigentes partidistas, como fue reconocido en Planalto. No cabe duda de que la organización política fundada por el ex obrero metalúrgico y actual titular del Ejecutivo ha experimentado en años recientes, más que un desgaste natural en el poder, un proceso de corrupción, y que requiere de un saneamiento impostergable. Pero, a juzgar por las tendencias, los sectores mayoritarios del gigante sudamericano no se tragan los intentos propagandísticos de la derecha oligárquica de descalificar en su conjunto la gestión de Lula. Tales sectores distinguen claramente, a lo que puede verse, entre las condenables corruptelas en el interior del PT y un programa político, económico y social orientado a beneficiar a los más desprotegidos.

Muy lejos de las acusaciones en su contra por "populista" ­el insulto está de moda en los círculos reaccionarios del continente­, Lula se ha abstenido de romper de manera frontal con el modelo neoliberal, pero ha buscado, dentro de él, resquicios para llevar adelante programas tan necesarios como viables de bienestar social, de redistribución de la riqueza y de acceso de las mayorías a las decisiones del poder público, entre los cuales destaca la reforma agraria en curso. Sin confrontarse con Washington ni con los organismos financieros internacionales, el actual presidente brasileño ha logrado mantener una postura independiente y digna en el exterior, ha amortizado buena parte de la deuda externa y ha diversificado las relaciones comerciales y tecnológicas de su país.

En esas circunstancias, no es de extrañar que las masas en Brasil parezcan dispuestas a refrendar el mandato de Lula y que éste haya resistido con éxito, hasta ahora, la feroz campaña montada en su contra por los dueños del dinero y de los grandes medios informativos. Por lo demás, todos ­empezando por el presidente­ están de acuerdo en la necesidad de emprender una profunda reforma del sistema político a fin de establecer, entre otros propósitos, mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y probidad en la vida institucional de la nación sudamericana.

Si las encuestas no mienten, los brasileños más pobres han decidido cerrar filas en torno al proyecto de Lula y han dado la espalda al candidato de la derecha, Geraldo Alckmin, no tanto porque sus promesas carezcan de atractivo sino porque desde el entorno opositor se busca poner fin a una experiencia política y social que, a pesar de sus defectos, ha logrado reducir las pavorosas desigualdades y elevar en alguna medida el nivel de vida de los que menos tienen.

Con estos antecedentes, el mandatario aún debe superar la prueba del debate televisivo entre candidatos presidenciales previsto para el próximo jueves. De su ausencia o de su asistencia, y de su eventual desempeño en ese encuentro, puede depender que Lula conserve, amplíe o pierda el margen de preferencias que, por ahora, le augura una victoria electoral sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

Pero no todo está escrito. De confirmarse la ventaja del ex obrero metalúrgico, es previsible que las derechas intensifiquen la guerra sucia que han emprendido contra el mandatario y que lleven esa ofensiva más allá de lo propagandístico. Las derechas modernas ­y las brasileñas no son la excepción­ se cobijan en discursos legalistas y de respeto a las instituciones, pero no vacilan en torcer las leyes ni en desvirtuar los procedimientos institucionales cuando así lo requieren sus intereses, que no son sólo políticos, por supuesto, sino, principalmente, económicos: los del gran capital.